La reunión interinstitucional convocada en la tarde de este martes por el Gobierno de Urkullu en Lehendakaritza intentará desatascar la compleja cuestión de adónde llevar los residuos que antes acogía Zaldibar (más de medio millón de toneladas en 2018 y 2019).

Después de que Medio Ambiente señalara el lunes que los cuatro vertederos de la CAV estaban dispuestos a implicarse, e insinuara que también los privados serán incluidos en el reparto aunque no quieran, la posición de las instituciones interpeladas está siendo muy diferente.

Así, dos horas más tarde de esa nota la Diputación Foral de Bizkaia publicó un comunicado contradiciendo la información ofrecida por Lakua. La administración foral comunica que los vertederos de los que dispone (Jata-Lemoiz y Artigas) no pueden acoger «en corto plazo» los residuos industriales que se llevaban al vertedero de Zaldibar, que se desplomó el pasado día 6 atrapando a dos trabajadores que siguen desaparecidos.

En una nota, la Diputación de Unai Rementeria explicó que los vertederos forales disponen de autorización ambiental para la recogida exclusiva de residuos sólidos urbanos, «no para los industriales», por lo que sería necesaria una modificación de dicha autorización para poder iniciar en el futuro el depósito de residuos procedentes de la actividad industrial.

Además, argumentó que la celda del vertedero foral de Artigas está «prácticamente colmatada», lo que «va a obligar a reabrir el vertedero de Jata y realizar obras de adecuación en este último depósito para recibir los residuos domiciliarios que se gestionan en Bizkaia».

Esta mañana, por contra, la Diputación de Gipuzkoa se ha mostrado a favor de reabrir Epele (en término municipal de Bergara, aunque más cerca del casco urbano de Arrasate) como «principal solución» para una «situación delicada».

La portavoz foral, Eider Mendoza, ha dicho en una rueda de prensa que si bien el vertedero de Epele no recibe residuos desde 2018, «todavía no está cerrado y tiene capacidad para recibir 350.000 metros cúbicos de residuos no peligrosos».

De hecho, Epele tiene «todavía la autorización ambiental para ello», ha subrayado Mendoza, quien ha considerado que la Mancomunidad de Debagoiena, que gestiona el vertedero, es «sensible» con la situación en la que se encuentran muchas empresas de la zona y está dispuesta a recibir residuos industriales no peligrosos.

La Mancomunidad, por contra, ha desmentido al departamento de Medioambiente, que ayer dijo que estaba dispuesta a llevar los residuos a Epele, ya que no ha tomado ninguna decisión todavía. Ha manifestado asimismo que decidirá si reabre el vertedero de Bergara para el depósito de residuos industriales después de que los técnicos finalicen los exámenes técnicos y económicos. La Mancomunidad tomará la decisión «en las próximas semanas».

La presidenta de la Mancomunidad, Maite Anton, ha dicho en declaraciones a “Goiena” que «valorará» la propuesta de Lakua de llevar a Epele los residuos no peligrosos. A pesar de ello, advierte de que la obra para reabrir el vertedero «llevaría muchos meses» y tendría un costo de «mas de millón y medio de euros». Además, ha subrayado que es «imposible» adecuar Epele para que pueda acoger residuos peligrosos.

Eider Mendoza ha insistido en que «no hay muchas soluciones» y «la situación no puede demorarse mucho» por la urgencia de los residuos.

Gardelegi, sí pero con muchos matices

El cuarto vertedero público implicado en esta ecuación es el de Gardelegi, dependiente del Ayuntamiento de Gasteiz. La voluntad de colaboración del Gobierno municipal parece clara en este caso, aunque con límites y condiciones. El concejal de Gestión Medioambiental, César Fernández de Landa, ha dicho esta mañana que Gardelegi puede albergar «23.000 toneladas de residuos generados por empresas alavesas» que hasta ahora iban a Zaldibar.

Se ha basado en un informe técnico que ha elaborado su departamento para dar respuesta al requerimiento efectuado por la Viceconsejería de Medio Ambiente. Fernández de Landa ha apelado «al deber público» que tiene el vertedero de Gasteiz para «recibir residuos de la provincia», ha vuelto a hacer hincapié en que se tratan de «residuos no peligrosos» y ha informado que las 23.000 toneladas supondrían «el 3% de la capacidad actual del vertedero», un 23% más de lo que actualmente recibe la infraestructura municipal cada ejercicio y que se acogerían como máximo a lo largo de un año.

EH Bildu ha cuestionado el coste económico que puede suponer para Gasteiz albergar estos residuos. Su portavoz, Miren Larrion, ha aclarado que «las tasas de Gardelegi son menores» que en el resto de vertederos y que tiene «50 euros de déficit por cada tonelada», así que «si se asumen 20.000 toneladas va a suponer un millón de euros de déficit. Si vamos a asumir unos costes que antes no teníamos por solidaridad, hay que hacer que 'el que contamina paga'», ha sentenciado.