Las noticias se entienden por sí mismas, pero en ocasiones, al enfrentarlas, alcanzan aún un mayor significado, muchas veces superior al más sesudo de los editoriales.

El pasado miércoles escuchábamos a la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno de Gasteiz, Arantxa Tapia, que para cumplir su objetivo de mantener la actividad industrial esperaban lograr Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes.

En la prensa pudimos leer que Tapia había planteado al Ministerio de Industria español que el Estado no confiscara todos los elementos de protección individual, como las mascarillas, para proveer al sector sanitario, y reservara «un mínimo» al objeto de sostener la producción industrial. Lo mejor sería que los materiales adecuados llegaran a todos los sectores, cabía pensar.

La segunda noticia, esta de un día después, daba a la petición de Tapia un sesgo realmente inquietante, cuando leíamos que Osakidetza había demandado a sus profesionales la reutilización de mascarillas y que estaba racionando el material de protección. El orden de prioridades debiera dejar pocas dudas, porque la fábrica se puede cerrar, pero el sanitario no tiene alternativa, debe acudir a salvar vidas.

Sin embargo, en las últimas jornadas las voces autorizadas de Lakua no están resolviendo ni estéticamente bien la colisión entre intereses económicos y salud pública, al hacer oídos sordos a importantes expertos y a un hecho tan incontestable como la última decisión del Gobierno italiano de parar la producción no esencial.

Más esquivo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sorteó sin mojarse demasiado la pregunta sobre la posibilidad de suspender la actividad industrial en su comparecencia del pasado sábado. Podríamos asistir a un déjà vu, a que se repita una escena similar a la de un Urkullu descartando la medida de confinamiento de la población para ser impuesta por Sánchez un suspiro después, si bien, por ahora, la consigna también en Madrid parece ser la de aguantar sin dar el paso definitivo sobre la actividad económica.

La noticia de hoy, con todo, podría ser aún peor que las producidas por la cascada de declaraciones, si persiste la escasez de EPIs para el personal sanitario –aunque en las últimas horas ha habido mensajes tranquilizadores– y si se mantiene la actividad industrial sin que haya llegado de forma suficiente el material de protección a las empresas, responsables de su compra. Un extremo este último que se prestó a equívoco en las citadas manifestaciones de Tapia y que terminó aclarando ayer la propia consejera.

Todo ello mientras se incorporan a sus puestos decenas de miles de trabajadores. Porque, de las últimas declaraciones del lehendakari Urkullu, lo que queda fuera de toda duda es qué adquiere grado de prioridad: el mantenimiento de la actividad industrial pese al evidente riesgo de contagio, pese a poner en cuestión nada menos que lo logrado durante cuatro días de puente en los que quienes hoy viajan de nuevo en metro y se cambian en vestuarios colectivos han permanecido recluidos en casa para evitar la propagación del virus.