«Estos días se está poniendo de manifiesto la importancia tanto de los servicios sociales públicos y privados que se prestan en residencias de mayores, en centros de atención a personas con discapacidad, a personas y colectivos en vulnerabilidad social, como de las trabajadoras del hogar que hacen tareas de cuidados», dice LAB en un comunicado.

Y añade que en ellos trabaja un colectivo «que ya antes de la crisis venía sufriendo una situación de precariedad que se ha agravado con la llegada del COVID-19».

En este sentido sostiene que esta nueva situación ha sacado a la luz «las deficientes condiciones en que realizan su trabajo y la nefasta gestión que se venía realizando tanto en centros públicos como privados».

Subraya al respecto que «no hay nada que justifique los casos masivos de contagio en algunas residencias, que solo se pueden explicar desde la constatación de la negligente actuación de las empresas y de los responsables públicos que no han intervenido a tiempo».

Tras aludir a los 51 residentes contagiados en Nafarroa y los 86 trabajadoras de baja por tener síntomas, LAB recuerda que, «sin ir más lejos, la Directora Gerente de la Agencia Navarra para el Desarrollo y la Autonomía de las Personas se empecinó en no dotar de Equipos de Protección Individual (EPI) a las residencias hasta que no hubiera casos positivos de COVID-19», una «tremenda insensatez e irresponsabilidad».

El sindicato denuncia además que «a día de hoy seguimos sin que se articulen las necesarias medidas de prevención y de protección en los centros de trabajo» cuando, «si se quiere efectividad a la hora de controlar la epidemia, es imprescindible que se dote de EPI a todo el personal, que se realicen test tanto a las personas usuarias como a las plantillas, que se adapte el espacio para posibilitar el aislamiento absoluto de las personas con síntomas, que se incrementen las plantillas y se dignifique su trabajo».

Reivindica así «que prime la seguridad y la salud por encima de criterios económicos» cuando, subraya, «estamos pagando décadas de privatización y descontrol de las residencias, del ahogo económico de las familias, de la precariedad de las plantillas para lucro de unos negociantes», una «lección que tenemos que aprender y crear la red de residencias públicas de Navarra», concluye.