Alma Dufour debía acudir el 4 de abril a Ezpeleta, para compartir con los asistentes a Eusko Eguna sus reflexiones en una conferencia titulada ‘Amazon y gran distribución frente a comercio de proximidad’. La pandemia ha obligado a suspender también ese acto, pero contactada por teléfono, Dufour responde a las preguntas de Mediabask.

Su asociación denuncia las prácticas de Amazon, líder en el comercio por internet.
Intentamos alertar a la opinión pública y de forma paralela al Estado sobre el funcionamiento de Amazon y sus consecuencias a nivel económico, ecológico y social. Dimos la voz de alarma a través de ‘Capital’, que se hizo eco en un reportaje de la destrucción de productos nuevos no vendidos por parte de Amazon. A finales de 2018 advertimos al servicio de represión del fraude de que Amazon no respetaba los derechos de los consumidores. Dos años más tarde, Bercy [sede del Ministerio francés de Economía] acaba de hacer público un estudio en el que constata que Amazon defrauda con el IVA.

¿Cómo se explica que Amazon se escape a los controles?
Amazon representa un nuevo modelo de negocio. La justicia tarda en adaptarse o simplemente deja hacer. Así ocurre con los impuestos: Amazon no paga la tasa comercial que abonan comercios pequeños y grandes superficies. Y ello porque no aparece como comercio sino como un almacén. Pero Amazon no guarda, distribuye mercancías, por lo que es un comercio.

Una situación que cobra especial relevancia en esta crisis.
De forma general hablamos de competencia desleal, dado que el gigante logra sortear el pago de impuestos. Sin embargo en esta situación ocurre algo todavía peor, ya que el propio Estado obliga a cerrar a los pequeños comercios pero deja a Amazon que siga con su actividad escudándose en que ejerce una actividad de distribución de mercancías.

Detrás de esa poderosa marca hay trabajadores. ¿En qué condiciones se encuentran?
Los trabajadores de Amazon y los sindicatos han advertido muchas veces de la situación de los empleados, de la falta de higiene, del no respeto a las normas sanitarias, y han solicitado el paro de la actividad de la empresa.

Hablamos de la vida de miles de empleados.
Sólo en el Hexágono, Amazon cuenta con seis grandes depósitos y una quincena de estructuras de menos tamaño. Entre los planes de Amazon para 2020 figuraba abrir tres o cuatro grandes almacenes más. En cada una de esas plantas trabajan entre 500 y 2.000 personas, muchas tienen un contrato temporal y tienen salarios precarios.

El riesgo de contagio es real.
En el contexto del coronavirus el riesgo de contagio es más que real. Los trabajadores carecen de máscaras, de geles desinfectantes, deben hacer la cola para fichar y la manipulación del producto se realiza de forma rápida, pasando por distintas manos. El peligro para la salud es evidente.

Mirando al otro lado, para una persona confinada en su domicilio adquirir un libro por Amazon puede ser una alternativa.
Y eso es comprensible, salvo que hay que mirar más lejos y escuchar a los trabajadores de Amazon cuando nos hablan del peligro sanitario que soportan. Además, quienes compran en Amazon actúan en su propio perjuicio: contribuyen a la evasión fiscal, al cambio climático y a la destrucción de empleo de calidad. Contribuyen a una degradación social.

El ministro de Economía, Bruno Le Maire, no quiere cerrar Amazon pero propone que las pequeñas librerías puedan abrir sus puertas pese al confinamiento.
Estamos perplejos con esa propuesta. La solución no es abrir ahora las pequeñas librerías, que por cierto ya han dicho que no están preparadas para poder hacerlo, sino parar la actividad de Amazon. Dejando como mucho que siga la distribución de productos de alimentación que, por cierto, es sólo el 1% de su stock de productos.

En este sentido usted denuncia que el Estado emplea dos varas de medir también en esta crisis sanitaria.
Por un lado, el Estado eleva el tono frente a los ciudadanos conminándoles a guardar el confinamiento pero por otro incita a los trabajadores a acudir a sus puestos, aunque ello implique que se crucen con centenares de personas o que no dispongan de máscaras.

Me inquieta observar a un gobierno que está dispuesto a restringir el derecho a la circulación de los ciudadanos -lo que es aceptado- pero que quiere mantener la actividad económica, incluso en tareas no esenciales, aun a costa de que las personas corran el riesgo de contaminarse y expandir la enfermedad. Finalmente, existe el temor a que se produzcan nuevos recortes en las leyes sociales y que la ecología, una vez más, se convierta en una cuestión no prioritaria.