«No dudo. Mis órdenes son para la Policía y el Ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar», aseveró anoche el mandatario filipino en un discurso televisado.

«Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba», amenazó Rodrigo Duterte el mismo día en el que una veintena de personas de la barriada de San Roque, en Manila, protestaron sin permiso ante la Policía para exigir ayuda oficial para salir adelante.

El cierre de gran parte del país, incluido Manila, y las estrictas normas de cuarentena y confinamiento han impedido que millones de personas que subsisten día a día en los barrios más pobres de la capital encuentren cómo ganarse la vida.

Duterte ha acusado a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: «Izquierdistas, ustedes no son el Gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote».

El presidente filipino obtuvo la semana pasada «poderes especiales» del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares) para repartir entre 18 millones de hogares desfavorecidos del país, donde el 16% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

Sin embargo, la ayuda está bloqueada porque el Gobierno todavía elabora «una base de datos consolidada» de los beneficiarios.

«Solo espere la entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre», ha señalado Duterte.

Defensores de derechos humanos y grupos civiles han denunciado las palabras del presidente, que se han expandido rápidamente por las redes sociales, donde la etiqueta #OustDuterte (expulsar a Duterte) es tendencia desde anoche.

«Estamos seriamente alarmados de las palabras del presidente, que se traducirán en formas peores y más brutales de violaciones de los derechos humanos, represión y violencia estatal en los próximos días», ha alertado la organización de derechos humanos Karapatan.