Según han indicado, a pesar de que «entre personas presas y personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en Covid-19, ni el Ministerio del Interior ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas, ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los Organismos Internacionales». A su juicio, «urge la excarcelación, entre otras, de personas mayores de 70 años, enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas».

Estos colectivos denuncian que «no se ha facilitado el acceso a los test a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas»..

Por ello reclaman que «se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles». También piden que se «retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida…».

Los firmantes recuerdan que «el Estado español se encuentra entre los países con una de las mayores tasas de encarcelamiento de Europa occidental y con una de las medias de privación de libertad más elevadas de todo el continente europeo y donde el número de profesionales de la sanidad es muy inferior al necesario para dar una correcta atención médica».