Tras pronosticar un año duro, Urkullu ha asegurado a sindicatos, patronales y organizaciones que se han reunido vía telemática que en los dos próximos trimestres «se perderá el terreno ganado» tras la última crisis. Aunque se ha mostrado confiado en la recuperación, ha considerado que el restablecimiento de la actividad económica tardará un año, mientras que la recuperación del empleo perdido podría demorarse durante tres años.

Xabier Ugartemendia, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de LAB, ha afirmado, tras el encuentro, que «el Gobierno Vasco no quiere compartir el proceso de desescalada con los y las trabajadoras y solo pretende imponer las medidas que interesan a Confebask».

En ese sentido, ha añadido que la reunión «ha servido de poco», porque «el Gobierno Vasco se ha limitado a informarnos sobre las decisiones que están adoptando de forma unilateral, de las que ya teníamos conocimiento por los medios de comunicación», y ha añadido que un proceso de desescalada «no se puede gestionar así».

A su juicio, debe contar con un plan «con una participación amplia y plural. Que el Gobierno Vasco imponga decisiones a medida de la patronal es una vía equivocada que no responde a los intereses de la ciudadanía», ha reiterado.

Sin respuestas

Por su parte, ELA ha precisado que «el Gobierno Vasco no responde a ninguna de las peticiones» y lamenta que desde el último encuentro el 26 de marzo «el Ejecutivo de Urkullu no ha querido abrir ningún cauce de diálogo ni discutir las aportaciones de los sindicatos».

ELA ha solicitado al lehendakari que se pronuncie acerca de la petición de recortes en los servicios públicos que han defendido miembros del PNV, pero «no ha respondido».

La central sindical ha reclamado «un impulso importante para implantar un sistema de prestaciones sociales amplio que dé respuesta real a las graves necesidades actuales» y, a la vez, ha mostrado «su disposición al diálogo y la negociación».

A juicio de ELA, sin embargo, el Gobierno de Gasteiz «no ha respondido a ninguna de las peticiones, mostrando una vez más que el único objetivo de la reunión era cumplir un trámite formal, sin ninguna vocación de diálogo».

La secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García, ha reclamado en la mesa socioeconómica que se garantice la salud para los trabajadores, una red de protección social y que se refuercen servicios públicos.

Ha defendido, por otro lado, abrir un debate de cara a publificar algunas actividades privadas relacionadas con los cuidados y la atención a la dependencia y sobre la necesidad de un ingreso mínimo vital.

Asimismo, según ha explicado, en la reunión ha reclamado la necesidad de abrir debates «a más largo plazo y con contenidos» que tienen que ver con las «carencias y deficiencias que esta crisis». En concreto, ha hecho referencia a la necesidad de «revalorizar y reforzar» los servicios públicos, cuya situación se ha puesto «en evidencia» en esta crisis.
 
Raúl Arza, secretario general de UGT-Euskadi, ha exigido al Gobierno de Lakua «complementar los ERTEs y ayudas a las empresas a través de Osalan para adoptar medidas de máxima protección de la salud de los trabajadores».
 
UGT-Euskadi comparte con el Ejecutivo la exigencia al Gobierno español del mantenimiento de los ERTEs de fuerza mayor, «más allá de la finalización del estado de alarma».

Arza ha señalado que «todos tenemos la obligación de reorientar los presupuestos con tres objetivos, la seguridad y la salud, tanto de los trabajadores como de los ciudadanos; mantener el mayor número de puestos de trabajo posible y mantener y extender la red de protección social».