El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre los que se encuentra Carlos Martín Beristain, podrá seguir con las investigaciones sobre la desaparición en setiembre de 2014 de 43 estudiantes de Ayotzinapa, un hecho que conmocionó al país y alcanzó una gran repercusión internacional. Beristain lleva más de dos décadas trabajando con víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos en América Latina, Euskal Herria y el Sahara y ha participado en múltiples comisiones de la verdad.

La noche del 26 de setiembre de 2014, decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala, en el violento estado de Guerrero (sur), para hacerse con autobuses que querían usar en sus manifestaciones. Pero fueron capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos.

El anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) rechazó renovar el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH, que estuvo en México un año para asegurar una investigación transparente y que descartó la llamada «verdad histórica» del Ejecutivo de Peña Nieto, según la cual los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en una hoguera abierta en el basurero de Cocula. Esta hipótesis ya fue descartada por forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Padres y organismos internacionales denunciaron siempre irregularidades en las pesquisas y han pedido reiteradamente que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal en la desaparición de los estudiantes.

Este jueves, el Gobierno de López Obrador y la CIDH pactaron la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) a petición de los familiares de las víctimas.

Además de brindar un análisis técnico en las investigaciones, también vigilará la implantación del acuerdo para las víctimas, identificará «patrones de tortura» y examinará que hay «garantías de independencia» en la investigación.

En 2018, el presidente mexicano creó una Comisión de la Verdad, en la que también participan padres y madres de los estudiantes desaparecidos. De hecho, este fue el primer decreto que firmó tras asumir la Presidencia en diciembre de 2018. «Les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste ni en ningún otro», afirmó una vez firmado el decreto para resolver este «asunto de Estado». «La justicia no debilita a las instituciones, las fortalece», remarcó.  

«El gobierno de Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó, se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México», denunció en la instalación de la Comisión de la Verdad, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascensio Bautista.