En concreto, se trata de 12.796 unidades familiares «y unas 500 familias más» las que están bajo el sistema de renta garantizada. Un sistema, ha señalado la consejera, que se ha agilizado y ha provocado una gestión «nunca antes hecha en menor tiempo y que garantiza ingresos a muchas familias que sufren la crisis económica además de la sanitaria».

En el pleno de control al Gobierno a pregunta del portavoz de Podemos-Ahal Dugu, Mikel Buil, ha explicado que se ha agilizado el plazo para garantizar el abono de la ayuda «en el mismo mes en que se genera el derecho a la prestación», y se ha pasado a un sistema en el que la petición de documentación «se ha minimizado y ahora se admite información por cualquier medio para facilitar la tramitación».

Indurain ha indicado que se han destinado cinco millones de crédito extraordinario para la cobertura de las necesidades de renta garantizada por la crisis del coronavirus.

A esta cuantía se suma «un millón de euros más solicitado con cargo al Fondo Social Extraordinario del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030» ante la previsión «del aumento de familias que necesitarán ayuda».

Ha añadido que se ha logrado incorporar al pago de abril al 73 % de las solicitudes aprobadas en el mes de marzo «y el resto se han abonado el 13 de mayo de 2020».

Ha comentado que «en este momento se están valorando las peticiones del mes de abril y se prevé que el porcentaje de pago sea similar al del mes pasado».

La consejera ha indicado que se ha incrementado en un 50 % el número de valoraciones de expedientes realizadas por el departamento, hasta llegar a las 2.140 en un mes.

También ha alabado la gestión del Ingreso Mínimo Vital, de aplicación estatal, y ha señalado que tras las conversaciones mantenidas tanto con el Ministerio español de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones «se hace una valoración positiva de esta propuesta».

En concreto, ha apuntado que se trata de «una oportunidad de introducir racionalidad en el sistema de ingresos en la Administración General del Estado» al tiempo que «articula el reparto de las tareas entre la AGE y las administraciones autonómicas garantizando una protección centrada en las personas».

Por último, ha indicado que la gestión de esta prestación del Ingreso Mínimo Vital es «respetuosa con el régimen competencial de Navarra».

Buil ha valorado positivamente las medidas implementadas por el Gobierno y ha añadido su satisfacción por que el sistema de ayuda «sea diferente a la gestión de la crisis de 2008» y se centre en las personas.