El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, ha participado este viernes en un encuentro virtual organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid. Durante su intervención ha puesto la lupa en los trabajadores del mundo que desempeñan su labor en la economía informal –el 60% del total– y que, por causa del coronavirus, se están quedando «sin ninguna protección». Una circunstancia que le ha llevado a afirmar, como también dice la ONU, que es necesaria su protección ante «la próxima pandemia, que será la del hambre».

Ha incidido en que «la existencia de la economía informal tiene que ser motivo de preocupación para todos» y ha recordado que en Bangladesh, donde cuatro millones de personas trabajaban en la industria textil, ya no tienen un empleo y tampoco protección social.

En su alocución telemática, Ryder ha insistido en que los efectos sobre el empleo de la crisis de la covid-19 son «terribles y sin precedentes», mucho «más graves» que en la crisis financiera de 2008. Ha concretado que se producirá una pérdida de puestos de trabajo que ascenderá a 305 millones, entre directos e informales. Supone una reducción del 10,5% de las horas trabajadas. «Es un drama que nunca hemos visto», ha afirmado.

A su juicio, va a ser necesaria una respuesta internacional conjunta, algo que, sin embargo, no se está produciendo. «La reacción internacional no ha sido suficiente. No es un secreto para nadie. Falta coordinación». También ha criticado al G20, «que no ha estado a la altura», y a la Unión Europea, «que tiene dificultades para coordinarse». Por lo que ha añadido que «los países están actuando por su cuenta».

Imprescindible

La necesidad de instaurar una protección social universal se hace ya en estos momentos imprescindible, según la OIT. Hay que recordar que en el mundo 2.153 milmillonarios poseen más riqueza que 4.600 millones de personas –un 60% de la población mundial–, según reveló Oxfam Intermón a inicios de este año. «La brecha entre ricos y pobres no puede eliminarse sin la adopción de políticas contra la desigualdad. Pero muy pocos gobiernos se han comprometido a adoptarlas».

Ante esta situación, que se verá agravada por la crisis sanitaria de la covid-19, OIT insiste en que se deben aplicar «medidas de respuesta de emergencia» y, a la vez, «la preparación a las crisis en los países en desarrollo». Garantizar el acceso a la atención sanitaria de calidad, «movilizando fondos públicos adicionales para aumentar los presupuestos en el marco de la respuesta de emergencia», se hace necesario para «salvaguardar y ampliar la cobertura de los mecanismos de protección social de la salud durante y después de las crisis».

Llama a incrementar las prestaciones frente a los más necesitados. «Proteger a los trabajadores de la economía informal mediante el diseño de políticas innovadoras» para llegar a ellos con rapidez «combinando los regímenes contributivos y no contributivos y, a más largo plazo, facilitar su transición a la economía formal», indica la OIT.

También cree necesario «asegurar la protección de los ingresos y los puestos de trabajo», «promover el trabajo decente mediante sistemas de protección contra el desempleo y otros mecanismos para ayudar a las empresas a retener a los trabajadores» y, entre otras medidas, «movilizar recursos a nivel nacional y mundial sobre la base de la solidaridad».
Es evidente que en muchos países los sistemas de protección social son débiles y también fallan como se ha puesto de manifiesto en esta crisis provocada por la covid-19. No sólo ocurre en países en desarrollo, sino también en los desarrollados.

De hecho, en Gran Bretaña el Servicio Nacional de Salud (NHS) sufrió por la austeridad desde 2016, sobre todo por la crisis financiera. Lo mismo pasa en el Estado español, incluso en Hego Euskal Herria, donde el gasto público se aleja de la media europea y de los países más avanzados. Otro ejemplo claro y negativo está en Estados Unidos. «Tenemos un sistema complicado: tenemos un sistema privado que es financiado principalmente por el seguro de las personas, que se obtiene mediante el trabaja. No todos lo tienen y, además, no todos pueden pagarlo con sus sueldos», como reconociò William Schaffner, académico de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas en Vanderbilt University Medical Center, en Nashville. Son algunos ejemplos, que se reproducen en Brasil, Perú, Corea del Sur, etc.

La expansión neoliberal, además, está provocando situaciones de carencias productivas ante la pandemia sanitaria. Un caso cercano es que Mondragon Assembly, ubicada en China, perteneciente a la Corporación Mondragon, tuvo que enviar tres máquinas a Cicautxo en Etxebarria para que Bexen Medical pueda fabricar 10 millones de mascarillas al mes ante la carencia de las mismas en el Estado español.

Extensión de los ERTEs
En este contexto, otra noticia en el Estado español. La comisión tripartita formada por Gobierno español, agentes sociales y empresarios decidirá qué sectores necesitarán seguir con expedientes de regulación de empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio. El 20 de mayo iniciará sus trabajos, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum junto al director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder.

Diaz ha destacado que «es clave» esa comisión tripartita para los ERTE, el «bazuka» del Gobierno espanol ante esta crisis pueda tener más desarrollado del acotado hace un par de semanas, «pautando sector a sector y de modo que los interlocutores sociales puedan ir afinando las necesidades exhaustivas de cada uno de los sectores económicos de nuestro país».