El motivo de la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por parte del ministro Grande-Marlaska, anunciada en la mañana de lunes, ha quedado en evidencia muy poco después. La jueza Carmen Rodríguez Medel, del juzgado 51 de Madrid, ha citado como imputado al delegado del Gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las marchas del 8 de Marzo y no prohibir otros actos masivos esos días (congreso de Vox, partidos de fútbol...) cuando ya había indicios del zarpazo del coronavirus que se avecinaba.

La Comandancia de la Guardia Civil que lideraba este peón del Estado con amplia –e impune– trayectoria en Euskal Herria y Catalunya ha emitido un informe que pone al Ejecutivo Sánchez y todo su equipo técnico en una situación peliaguda. Sobre todo teniendo en cuenta hasta qué punto la Justicia española está canibalizada por las derechas españolas, que no dudan en acusar al Gobierno actual de «crímenes» por su gestión de la pandemia. De Carmen Rodríguez Medel hablaremos un poco más abajo.

Según se ha filtrado, uno de los principales señalados en el informe es el director del Centro de Alertas sanitarias y portavoz absoluto en esta crisis, Fernando Simón. Es una de las personas sobre las que han recaído querellas en los últimos días, por parte de diferentes colectivos e individuos de ideología derechista. Simón no ha sido citado a declarar... todavía. La repercusión de una decisión así sería enorme dada la proyección pública del epidemiólogo zaragozano. Pero con la Justicia española cualquier delirio acaba siendo normal, hasta previsible.

Grande-Marlaska ha decidido prevenirse de ello cortando la cabeza de Pérez de los Cobos con el argumento genérico de «pérdida de confianza» y eludiendo citar el motivo por el momento. Sindicatos de la Guardia Civil han defendido al coronel apuntando que el informe de la Comandancia ha sido emitido en condición de policía judicial, es decir, por encargo de la magistrada. Pero si la línea entre ultraderecha y judicatura en España es muy fina, entre judicatura y Guardia Civil lo es menos aún.

Este martes, de hecho, se ha conocido una nueva vuelta de tuerca de la jueza contra el Gobierno. Rodríguez Medel ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales. De ello se puede desprender que acabe investigando a Grande-Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos. Así que el ministro del Interior difícilmente podrá enunciar el motivo sin delatarse.

¿Quién es Pérez de los Cobos?

Vista desde Euskal Herria y Catalunya, la destitución de Pérez de los Cobos tiene una lectura añadida: el Gobierno sacrifica a uno de los agentes de elite del Estado, que le ha prestado servicios desde los 90 en Euskal Herria (con el PSOE en Moncloa) hasta 2017 en Catalunya (con el PP al frente).

Así, fue uno de los guardias civiles que se sentaron en el banquillo de los acusados por torturas a Kepa Urra en Bilbo en 1992. Es uno de los contados casos de tormentos que ha acabado en condena, si bien Pérez de los Cobos no fue uno de los tres agentes castigados y salió absuelto. Todo aquel caso y el grado de participación del ahora coronel lo contó Beñat Zaldua en este artículo en GARA.

En 2017, a Diego Pérez de los Cobos se le encomendó otra misión de máxima trascendencia: dirigir la respuesta policial al referéndum del 1 de Octubre, como punta de la pirámide de una estructura jerárquica que ponía a los Mossos y a la Policía española a su servicio. Lo que ocurrió es conocido: las cargas dejaron un millar de personas heridas y además no consiguieron impedir el ejercicio democrático.

Sin embargo, Pérez de los Cobos volvió a salir impune y también premiado, esta vez con la dirección de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Lo decidió el Gobierno Rajoy, pero lo mantuvo el de Sánchez... hasta hoy.

¿Y quién es Rodríguez Medel?

¿Y quién es Carmen Rodríguez Medel, esta jueza que de repente ha cobrado tal grado de protagonismo en el intento de asalto de las derechas al Gobierno con la pandemia como ariete? Pues mirando su curriculum no parecía tan imprevisible. Hija y hermana de guardias civiles, su conexión con el instituto armado es tan fuerte que en enero ya sonó para ser la nueva directora de la Guardia Civil tras quedar vacante el cargo.

No fue escogida, ni tampoco antes consiguió llegar a la Audiencia Nacional pese a intentarlo. Pero un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla otorga también muchas posibilidad de acción política, como se está viendo. Es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, por supuesto, y trabajó unos meses como asesora del ministro de Justicia del Gobierno Rajoy Rafael Catalá.

Los apellidos de la jueza sonarán en Iruñea. José Rodríguez Medel fue el primer fusilado en la guerra de 1936; era el comandante de la Guardia Civil que se mantuvo fiel a la República y se opuso al general Mola. Por cierto, Franco es ahora el apellido del delegado del Gobierno del PSOE en Madrid al que ha citado la jueza como imputada. En esto sí han cambiado las tornas.