Iñaki Zabaleta, del Gabinete de Estudios del sindicato, ha cuestionado las medidas adoptadas a través del Plan Reactivar Nafarroa 2020-2023 impulsado por el Gobierno navarro y se ha preguntado «de dónde saldrá la financiación».

Al tiempo, ha solicitado una política fiscal justa, que permita recaudar los fondos necesarios y ha señalado que Nafarroa es el territorio con menor presión fiscal sobre el Impuesto de Sociedades, «de un 1,3 % sobre el PIB, frente al 2,3 % en España y la media europea, que se sitúa en el 2,7 %».

Desde el sindicato también han criticado el «privilegio de las empresas, que es enorme y mayor cuanto más grande es la empresa», por lo que han concluido que «el sistema fiscal en Navarra está hecho a medida de las empresas».

Por su parte, Imanol Pascual, coordinador de ELA en Nafarroa, ha señalado que la crisis de la covid-19 «ha sido el desencadenante de una crisis estructural», y ha considerado que se han aplicado medidas de austeridad desde el año 2008, cuyo final «era salvar a la banca».

En este sentido ha recordado que «se ha producido un aumento del negocio con la deuda pública», que ha cifrado en «más de 3.700 millones de euros» y se trata de una deuda «que no se quiere auditar ni examinar».

Sonia Ontoria, responsable de Servicios Públicos del sindicato, ha expuesto las medidas del sindicato, que se expondrán en el Consejo Económico y Social el próximo miércoles 27 de mayo.

Ha señalado que las medidas a adoptar «están en manos del Gobierno de Navarra» puesto que se trata de medidas cuya competencia son del Ejecutivo «por lo que no deberían esperar respuestas desde Madrid».

Ontoria ha llamado a aumentar los ingresos públicos a través de un recargo especial en el Impuesto de Sociedades «equivalente al 20% de los beneficios» y que supondría, han cifrado, recaudar cerca de 400 millones de euros en Nafarroa.

También en materia fiscal han llamado a establecer «un recargo específico y progresivo» en el impuesto sobre el patrimonio, riqueza y grandes fortunas, y que supondría «unos ingresos de 600 millones de euros».

A su vez, han pedido la creación de una banca pública y el fortalecimiento del sector público, aumentando las plantillas del sector público, al tiempo que se consolida el empleo temporal en la administración pública. Han recordado que «en este momento el empleo temporal ronda el 40 % de todo el empleo».

Han llamado a derogar las reformas laborales, «el cometido de los próximos meses puesto que la coyuntura será preocupante».

Han solicitado también «garantizar ingresos suficientes y poner la vida en el centro» para lo que han pedido que la renta garantizada sea al menos el 100 % del SMI, las pensiones de 1.080 euros o completar los ERTE por motivo de la covid-19 hasta el 100%.

Entre las medidas se establece también la garantía del acceso a la sanidad pública a todas las personas y el acceso a sistemas de alquiler público.

Pedirán al Gobierno de Nafarroa también que abandone proyectos como el recrecimiento de Esa, el proyecto para el Palacio Aroztegia en Baztan y el proyecto del TAV en Nafarroa.

Por último, han solicitado la derogación de la Ley del Vascuence y la zonificación en Nafarroa.