Este miércoles, 1 de julio, se cumplen cinco años desde la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Restringe derechos sociales, civiles y políticos y, justo antes de ser aprobada, el Consejo de Europa declaró que era «desproporcionada» porque «criminaliza la protesta y la crítica callejera», justo lo que pretendía el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Es una señal clara de involución», según afirma el movimiento Eleak-Libre.

Tras la llegada de Pedro Sánchez se han escuchado en varias ocasiones declaraciones en torno a su derogación, pero la pretendida voluntad no se ha hecho realidad e, incluso, se quiere zanjar la polémica ley con la derogación de algunos de sus artículos, no de toda la legislación represiva.

El movimiento Eleak contabiliza más de 766.416 sanciones impuestas en el Estado español desde su entrada en vigor y hasta 2019, así como 416,6 millones de euros recaudados por sanciones, según los datos facilitados por el Ministerio español del Interior.

En Hego Euskal Herria se calcula que son más de 28.000 expedientes incoados en base a esa ley. «Entre ellos, más de 8.000 están directamente relacionados con derechos sociales, civiles y políticos», indica Eleak.

149 millones de euros en multas en 2018

La aplicación de la Ley Mordaza en estos cinco años ha supuesto un incremento que se traduce en 87.872 multas en 2015, 197.947 en 2016, 229.932 en 2017 y 249.665, en 2018, aunque faltan datos cerrados de 2019. En 2015 se impusieron multas por valor de 41,57 millones y llegaron a 149 millones en 2018, según explica Eleak.

No se queda ahí. El movimiento social expresa la contrariedad que supone «que los parlamentos de Gasteiz e Iruñea se pronunciaran en contra de la Ley Mordaza en 2016 y que el Parlamento Vasco instaba al Gobierno Vasco a no aplicar dicha Ley desde junio de 2016». Sin embargo, en la CAV la Ertzaintza comunicó 17.820 multas entre los años 2015 y 2018, además de los posteriores sobre los que todavía no se tienen datos exactos.
 
A ello hay que sumar las multas impuestas por la Policía Foral en Nafarroa (unas 3.000 en 2016), así como «otras miles de sanciones impuestas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en toda Hego Euskal Herria, a los que hay que añadir los años siguientes».

Aplicación durante la pandemia

En 2020, el Estado español también ha recurrido con fuerza a la Ley Mordaza durante la emergencia del covid-19. El Ministerio de Interior señala que en los primeros quince días, tras la entrada en vigor del estado de alarma, aplicó 180.387 veces la Ley Mordaza en el Estado. En Hego Euskal Herria se ha utilizado en 29.673 ocasiones en tres meses.

«Queremos recordar –indica Eleak– que han sido muchos y muy numerosos los abusos de todo tipo que durante la crisis sanitaria cometidos por los agentes policiales».  En este caso recuerda que el pasado 16 de marzo los expertos de las Naciones Unidas explicaron claramente que la respuesta dada durante el coronavirus debía ser «proporcionada y no excluyente». Tres días después los mismos admitieron que «su llamamiento había sido inútil».

Por ello, Eleak sostiene que «la crisis del covid-19 se ha utilizado por el Estado para «reforzar los medios represivos para el futuro, especialmente en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías».

Para este movimiento, lo que se ha visto en este quinquenio se ha agudizado con la pandemia provocada por el coronavirus: «Se ha producido un retroceso en el ámbito de las libertades democráticas en el Estado español y, en concreto, en el ámbito de los derechos sociales, civiles y políticos».

Eleak afirma que, sin contar los cientos de miles de expedientes abiertos durante el periodo de alarma sanitaria, «las sanciones contra los ciudadanos en todo el Estado español ascienden ya a 500.000».

Catalunya, también golpeada

La Ley Mordaza también ha golpeado duramente en Catalunya. La asociación Òmnium Cultural explicó que en la protesta social en torno al referéndum del 1 de octubre se pusieron al menos 20.000 multas. «Es innegable que el Estado ha creado la Ley Mordaza para castigar la disidencia política y la crítica social y ha demostrado en Catalunya hasta dónde está dispuesto a ir ante la desobediencia civil: el artículo 155 y la suspensión de la autonomía».

Cinco años han confirmado su fin represivo, como anticiparon desde el Consejo de Europa y diferentes catedráticos de Derecho Penal. «Esta ley es un tremendo disparate retrógrado y conservador para criminalizar la protesta y la crítica callejera», dijo Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de Barcelona.

«Es más peligroso de lo que la gente puede pensar y un arma terrible para la acción inmediata», afirmó Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. Representantes de Jueces para la Democracia y Abogados Progresistas señalaron que la Ley Mordaza es «innecesaria, represiva e inadecuada». Todas estas previsiones se han cumplido y «superado por desgracia», lamenta Eleak, que añade «en estos cinco años, la libertad de expresión, el derecho a movilizarse y el derecho a recibir y difundir información han sufrido enormes restricciones en un Estado español inmerso en una crisis sanitaria, territorial, económica, política y también social».

El movimiento social explica que «desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2015 no cesan los ataques contra los derechos sociales, civiles y políticos. Las decisiones contrarias a estos derechos que desarrollan los derechos humanos fundamentales, así como los excesos de las diferentes policías, no han tenido límites ni en tiempos de coronavirus» y reconoce que «la persecución judicial y policial contra la protesta social y política se ha intensificado constantemente en el Estado español en los últimos cinco años». Prueba de esa involución son las sanciones impuestas con el objetivo de «generar temor y ahogar la voz libre del pueblo».

Restricciones

Eleak destaca que entre los principales artículos de la Ley Mordaza relacionados con la restricción de derechos sociales, civiles y políticos están el 36.23 (imágenes policiales), el 36.6 (desobediencia), el 37.4 (faltas de respeto) y el 37.1 (movilizaciones no comunicadas). Y añade que «muchas de las sanciones se han impuesto contra movimientos a favor de los derechos de la vivienda, contra movimientos ecologistas, feministas y anticapitalistas de todo tipo. No olvidemos que también a través de la Ley Mordaza se han intensificado las expulsiones antidemocráticas inmediatas de inmigrantes», precisa.

En 2018 la mayoría de los agentes sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria solicitaron la derogación de la Ley Mordaza. Entre otros, se sumaron a la petición del movimiento Eleak-Libre Ongi Etorri Errefuxiatuak, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Grupo de Acción por la Paz Antimilitarista, Ernai, Askapena, NOR Euskal Herria Antiespezistak, Askekintza, el Movimiento contra la Incineradora, Satorralaia y Errekaleor Bizirik. Entre los sindicatos, se sumaron ELA, LAB, ESK y Steilas. Y entre las fuerzas políticas, Sortu, Equo y EH Bildu. Entre los medios de comunicación: ‘Argia’, Halabedi y Topatu.  

Denuncia ante la ONU

Eleak-Libre denunció la Ley Mordaza en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado año. Esgrimió que «la Ley Orgánica 4/2015 de Protección Ciudadana, la Ley Mordaza, ha intensificado claramente los abusos policiales y las violaciones de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, organización y libertad de prensa, aumentando la represión contra la crítica política y la movilización social».

En su denuncia, añadíó que «esa ley supone la desaparición de las garantías procesales existentes en todo procedimiento sancionador y lesiona los principios de seguridad jurídica, legalidad, derecho de defensa y presunción de inocencia, así como la igualdad y proporcionalidad de las partes/procesos». El Registro Central de Infracciones supone una discriminación por razón ideológica.

Y, entre otras críticas, ante la ONU Eleak indicó que «toda esta legislación promueve la criminalización y represión de los movimientos sociales, sindicales y políticos, por lo que pedimos a Naciones Unidas que haga un llamamiento al Estado español para que la derogue inmediatamente».

El TC aparca los recursos 

El pasado 18 de junio, el Tribunal Constitucional aplazó la deliberación de los recursos que presentaron en 2015 los parlamentarios de la oposición al PP contra la Ley Mordaza.