Así lo han comunicado este jueves en una rueda de prensa celebrada ante el Ayuntamiento de la capital navarra Beatriz Villahizan, de SOS Racismo, y Ramón Yanci, de Iruñea Ciudad de Acogida y Karabana Mugak Zabalduz, que han dado a conocer un comunicado firmado por Papeles y Derechos Denontzat, Iruñea Ciudad de Acogida, Karabana Mugak Zabalduz, Salhaketa Nafarroa y SOS Racismo.

En él piden a ambas institiuciones que acepten la resolución del Defensor del Pueblo, no incoen nuevos expedientes y anulen los ya incoados, que devuelvan las multas abonadas en el periodo de pronto–pago y realicen una disculpa pública.

Asimismo, han pedido al Parlamento de Nafarroa que inste al Gobierno, al Ayuntamiento de Iruñea y a cuantos hayan iniciado expedientes sancionadores contrarios a la resolución del Defensor que la acepten.

En su resolución, el Defensor del Pueblo establece que en los casos en los que no exista desobediencia a ninguna orden directa e individualizada no se sancione a los ciudadanos por desobediencia a la autoridad en aplicación al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Según indica en su resolución Javier Enériz, el mero incumplimiento de las limitaciones del estado de alarma «no es por sí solo un elemento suficiente», ya que «para que exista este tipo de desobediencia a la autoridad o a sus agentes se requiere un mandato expreso, concreto y determinante, una individualización de ese mandato y, sobre todo, la oposición clara a dicho mandato».

Asimismo, señala, esto debe quedar reflejado en el escrito de la denuncia y debe ser confirmado por el agente denunciante.

Beatriz Villahizan ha denunciado que durante el estado de alarma se ha tomado una estrategia de control de la movilidad «basada en el miedo y el castigo», con más de un millón de expedientes sancionadores en todo el Estado, 15.000 de ellos en Nafarroa, y más de 8.000 detenciones.

Asimismo, ha asegurado que en el control de las limitaciones se ha dado una «clara discriminación con la población racializada», con imposición de multas y paradas policiales discriminatorias basadas en los rasgos físicos, como así atestiguan numerosos testimonios y quejas que, ha asegurado, han recogido diferentes organizaciones.

Villahizan ha criticado del mismo modo la utilización de la Ley Mordaza, entendiendo que se ha dado «un uso interesado» de la misma para imponer estas multas, lo que ha calificado como una «aberración jurídica».

La representante de SOS Racismo ha animado a todas las personas afectadas por estos expedientes sancionadores a que recurran las multas y reclamen las cantidades abonadas, y que presenten una queja ante el Defensor del Pueblo por esta actuación no ajustada a Derecho.

La resolución del Defensor del Pueblo responde a la queja presentada el 2 de junio por los colectivos firmantes del comunicado alegando que era injusta la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en los procedimientos sancionadores incoados por el presunto incumplimiento de las limitaciones de circulación.