Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han llegado este martes de madrugada a un acuerdo para poner en marcha un plan de recuperación económica tras la pandemia de coronavirus, después de cuatro días de maratoniana negociación.

«Acuerdo», anunció en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5.31 horas del martes, al término de una cumbre que comenzó el viernes pasado por la mañana.

Deal!

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se desembolsarán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados.

La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.

«¡Día histórico para Europa!», celebró en Twitter el presidente francés, Emmanuel Macron.

«Tenemos acuerdo y un buen acuerdo (...).Nunca la Unión Europea había decidido invertir de una manera tan ambiciosa en el futuro», afirmó en la misma red social la primera ministra belga, Sophie Wilmès.

Recorte y control

Para alcanzar el pacto ha sido necesario hacer concesiones a los autodenominados países frugales -Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia-, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto.

Estos fueron los puntos más controvertidos de la negociación, junto a la propuesta para vincular la recepción de fondos del presupuesto al respeto al Estado de Derecho.

Los grandes países, Alemania, Estado francés, Italia y Estado español, como la mayoría de los Veintisiete, querían como mínimo 400.000 millones de euros en subvenciones, mientras que los frugales proponían 350.000 millones.

Finalmente, el compromiso se queda más cerca de la primera cifra, pero supone un recorte de 110.000 millones en las ayudas directas con respecto a los 500.000 millones de euros que propuso la Comisión Europea (más 250.000 millones en créditos), lo que se ha traducido en reducciones de la dotación de varios programas comunitarios apoyados por el fondo.

El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a los Países Bajos, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciasen solo a nivel técnico.

Por otro lado, aumentan los descuentos que tienen los frugales en su contribución al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales).

El de los Países Bajos será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial, el de Dinamarca pasará de 197 a 377 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones.

Además, se introduce por primera vez la condicionalidad ligada al Estado de Derecho, de la que recelaban Hungría y Polonia, así como la meta de que el 30% del gasto del presupuesto y el fondo de recuperación apoye objetivos climáticos.