La plataforma Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora han pedido a Lakua y al Ayuntamiento de Donostia la puesta en marcha de una campaña de control del precio del alquiler en el mercado privado.

Estos colectivos se han concentrado este jueves, con apoyo de ediles de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, para denunciar la situación en la que se han quedado los 7.091 inscritos en Etxegintza que no han logrado una de las 162 viviendas de Txomin Enea en la capital guipuzcoana.

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, ha señalado que «estas familias, como la mayoría de los inscritos, tienen hijos a su cargo y sus ingresos están comprendidos entre los 3.000 y los 16.000 euros, lo que les impide pagar los alquileres abusivos existentes en Donostia y Gipuzkoa».

En este contexto, ha reivindicado que se creen más viviendas de alquiler social, que se movilicen «los cuatro mil pisos vacíos que hay en Donostia a las que se aplica el recargo del IBI» y que se inicie una campaña para controlar el precio del alquiler en el mercado privado, porque «se puede hacer si hay voluntad política».

«La vivienda es un derecho, no un negocio», ha lamentado, para añadir que «no nos van a impedir seguir exigiendo este derecho», en la «tercera ciudad más cara del Estado».