SOS Racismo Gipuzkoa ha denunciado que el Ayuntamiento de Donostia «elude su responsabilidad» en la situación de calle en que se encuentran las personas que habitan los pabellones abandonados en una zona conocida como El Infierno.

«Su única preocupación es que sean desalojadas sin plantear alternativas», ha manifestado, y ha apuntado que abordar el «sinhogarismo» existente en Donostia, al igual que en otras ciudades del herrialde «es una responsabilidad que atañe al conjunto de instituciones».

En un comunicado, ha lamentado que, «en lugar de ello, se incide en una versión criminalizadora de estas personas. Se atribuyen responsabilidades a un colectivo por actos incívicos que cometan algunas personas».

Con estas palabras SOS Racismo Gipuzkoa ha respondido a las intervenciones policiales que se han realizado durante los últimos meses en esta zona de Donostia, la última el pasado lunes.

«El motivo alegado es siempre el mismo, la comisión de algún tipo de delito: robos, actuación violenta… Si sólo estuviéramos ante ese escenario, no dejaría de ser una de tantas actuaciones policiales necesarias para combatir los delitos o garantizar la seguridad ciudadana», ha señalado.

Y ha advertido de que «el problema se plantea cuando la actuación policial no respeta algunos derechos y cuando las autoridades municipales aprovechan para presentar la situación de las personas que habitan en ese espacio como un problema de orden público eludiendo su responsabilidad en esa situación»

.«En la actuación policial se repiten cuestiones que hemos criticado repetidamente en el pasado: colaboración de Policía Municipal y Ertzaintza en materia de extranjería que no es de su competencia con el resultado de la incoación de expulsiones a personas que no tienen su situación regularizada: sustracción de documentación identificativa necesaria para las gestiones ordinarias; ocultación del número de identificación de los policías que intervienen; destrozos innecesarios en los registros que precarizan aún más las condiciones de vida de sus moradores…», ha añadido.
 
Asimismo, ha insistido en que «sacar una conclusión criminalizadora de quienes habitan en El Infierno, es injusto para la mayoría de quienes se ven obligados a habitar allí, al carecer de alternativas, y sirve al ayuntamiento para eludir su responsabilidad en el mantenimiento de esta situación».