El Congreso de los Diputados ha derogado este jueves el decreto ley de los remanentes municipales, que había aprobado previamente el Gobierno español. PP, Vox, ERC, JxCat, Compromís, BNG, PNV, EH Bildu, Coalición Canaria, UPN, la CUP, Foro, Nueva Canarias y PRC han votado en contra de la norma.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha insistido en que el decreto es «inasumible» y ha censurado que se pida a los ayuntamientos que «cedan como préstamos los remanentes que no se les ha dejado gastar por una ley que les ahoga desde hace diez años».

Además, ha lamentado que se presente «como algo voluntario cuando, en realidad, los ayuntamientos que no cedan sus remanentes, serán penalizados y no recibirían la parte correspondiente de los fondos europeos para combatir la crisis».

Aizpurua también ha insistido en la necesidad de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque, de lo contrario, «este intrincado laberinto» que ha transitado el Ministerio de Hacienda con este decreto «seguirá estando ahí, sin salida de la vista».

Y ha advertido de que el «accidentado» recorrido que ha tenido este decreto «tiene mucho que ver con querer evitar ir al problema desde la raíz y, probablemente, ese ha sido el error, el planteamiento de partida, el enfoque que elude mirar al problema real, al básico, que no es otro que esa ley que hay que modificar».

«Creo que los ayuntamientos llevan demasiado tiempo soportando el sinsentido al que les ha abocado la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque ese es el verdadero problema que tienen las entidades locales. Es lo que ahoga a los ayuntamientos», ha insistido.

Régimen foral

El PNV ha rechazado el Decreto de remanentes al considerar que no tiene en cuenta la existencia de los regímenes forales, y «no atiende a la particular relación financiera de las comunidades forales con el estado, una relación bilateral entre gobiernos» que se desarrolla en el seno de la Comisión Mixta de Concierto.

«Han olvidado el modo paccionado que debiera haberse utilizado para abordar este tema», ha añadido la jeltzale Idoia Sagastizabal, quien ha recordado que los ayuntamientos vascos se financian con recursos propios «y no hay traslación de flujos económicos del Estado».

El de los remanentes municipales es el primer decreto ley del Gobierno de coalición que no avala el Congreso, algo que parece que ha molestado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha dejado claro que tras la derogación no habrá más propuestas. Es más, ha emplazado a los grupos de la oposición a que sean ellos los que pongan un texto encima de la mesa.

Rechazo de las instituciones vascas

Cabe recordar que el mes pasado las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa señalaron que el decreto de remanentes no debía tener repercusión en la CAV, ya que la competencia en esta materia recae en las instituciones forales. Y la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), reunida en sesión extraordinaria, también mostró su oposición a la norma.