![Voluntarias de Cimade en la comparecencia de hoy. En primer plano la abogada Maite Etxeberri. (NAIZ)](/media/asset_publics/resources/000/736/907/article_main_landscape/cimade.jpg)
Voluntarias de la asociación Cimade, que asiste a migrantes en centros de retención administrativa (CRA) como el existente en Hendaia, han ofrecido esta tarde una rueda de prensa para presentar el informe corespondiente a 2019 y en el marco de esa comparecencia han dado cuenta de la primera condena judicial a una persona amenazada de expulsión, a cargo del Tribunal de Baiona, en relación a la crisis sanitaria.
Los jueces han condenado a un ciudadano originario de Costa de Marfil a dos meses de cárcel, condena a la que se suma una prohibición de entrada en «territorio francés» durante tres años. Todo ello por negarse a que se le realizara una prueba PCR para la detección de la covid-19.
Se trata de un migrante que entró en la Unión Europea por Italia donde permaneció unos díez meses sin conseguir presentar su solicitud de asilo.
Ante al situación optó por dirigirse al Estado francés, con intención de establecerse y cursar la correspondiente petición para lograr el permiso correspondiente para regularizar su situación.
Sin embargo, tras ser detenido, y comprobarse que había pisado suelo europeo en Italia fue conducido al centro de retención de Marsella para su devolución a ese país, desde donde volvió a entrar en territorio francés. Nueva detención, traslado esta vez al CRA de Hendaia con vistas a la expulsión definitiva y un factor nuevo para complicar una situación de por sí extrema: la pandemia.
La crisis sanitaria ha cambiado, efectivamente, los protocolos en los centros de retención para personas migrantes, ha destacado la asociación Cimade. Así las personas retenidas que dan positivo en la prueba de covid-19 son llevadas a París, donde hay centros habilitados a tal efecto.
Atrapado en la maraña administrativa, que le ha impedido presentar siquiera demanda de asilo, y ante la eventualidad de que la aplicación de ese protocolo sanitario se tradujera en un empeoramiento de sus expectativas el ciudadano marfileño decidió negarse a pasar la prueba de PCR.
Ayer fue condenado a dos meses de prisión –periodo que coincide con el tiempo que por lo habitual emplea la Prefectura para hacer efectiva una orden de expulsión– con una prohibición añadida de entrada en el Estado francés.
La Cimade denuncia que se aplica el proocolo sanitario anti pandemia para sortear los cierres de fronteras y seguir expulsando. «Si el migrante da positivo será llevado a un CRA de la región parisina, y se prolongará el encierro, si da negativo, Francia le podrá expulsar, sorteando los cierres de fronteras impuestos a causa de la covid19 ya que muchios países de origen piden un tsst negativo en las 72 previas a la expulsión», explica Maite Etxeberri.
La crisis sanitaria, ha estimado la letrada que trabaja con la Cimade, ha agudizado la situación en los centros de retención y hace que sean si cabe más difíciles los trámites de regulación. Ha denunciado que las vistas judiciales se realizan en algunos casos con sistemas de videoconferencia desde las comisarías, lo que coharta los derechos de estas personas.
El año pasado un total de 355 personas fueron recluidas en el CRA de Hendaia con vistas a su expulsión.
Cimade ha denunciado las condiciones que se dan en esos establecimientos y la situación extrema que se impone a «personas que no han comeido ningún delito y que se ven encerradas, de la noche a la mañana, sin saber qué va a pasar con sus vidas».
Hasta la reforma legal que entró en vigor el año pasado estos ciudadanos podían permanecer en un CRA hasta 45 días. Ahora puedan quedarse hasta 90 díass, lo que genera, estima la Cimade, situaciones en ocasiones humanamente inasumibles
El año pasado al menos tres personas se suicidaron en centros de retención franceses.
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