![Voto en Ordizia el pasado 12 de julio; centenares de personas quedaron privadas del derecho. (Gorka RUBIO | FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/740/026/article_main_landscape/ordizia.jpg)
La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha hecho llegar al Govern un informe que plantea un paquete de medidas, que deberían quedar recogidas en una «ley electoral parcial», para blindar la celebración de las próximas elecciones catalanas frente a la pandemia del covid-19.
Para garantizar la seguridad de las votaciones, el informe, al que ha tenido acceso Efe, sugiere aprobar una «ley electoral parcial» que incluya medidas que requieran «amparo legal», por ejemplo reservar franjas horarias de votación para electores vulnerables o en cuarentena, alargar los horarios de votación, establecer más de una jornada de votación o desplazar una urna al exterior del colegio electoral.
El informe, de 57 páginas, fue solicitado el pasado 3 de agosto por el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pidió a la Comisión Jurídica Asesora un dictamen sobre el derecho de voto de los catalanes en una situación de pandemia.
El president del Parlament, Roger Torrent, en cuyas manos ha dejado el acuerdo JxCat-ERC las decisiones sobre convocatoria electoral, ha apuntado que serían como fecha tope el 14 de febrero.
Las medidas barajadas para estas elecciones catalanas contrastan con el modelo usado por el Gobierno Urkullu para la convocatoria en la CAV el 12 de julio, cuando no se adoptó ninguna de estas facilidades ni se articuló medida alguna para que personas confinadas por el covid-19 (sobre todo en la zona de Ordizia) pudieran votar. La Junta Electoral avaló esta exclusión.
Un derecho que «no se puede prohibir ni limitar»
El informe, de 57 páginas y al que ha tenido acceso Efe, fue solicitado el pasado 3 de agosto por el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, que pidió a la Comisión Jurídica Asesora un dictamen sobre el derecho de voto de los catalanes en una situación de pandemia.
Estas son sus conclusiones y la treintena de medidas que plantea:
DERECHO DE VOTO
El dictamen de la Comisión Jurídica Asesora concluye que el derecho de voto, como derecho fundamental, «no se puede prohibir ni limitar por parte de los poderes públicos ni en situaciones normales ni tampoco en situaciones excepcionales» debido a una pandemia.
Así, en las circunstancias actuales condicionadas por el covid-19, la Generalitat «debe hacer compatible el ejercicio del derecho de sufragio y la protección de la salud pública, con la adopción de medidas necesarias y proporcionadas que pueden afectar la forma o modalidad del ejercicio del derecho de voto, sin sacrificar su núcleo esencial».
MEDIDAS ORGANIZATIVAS
El informe enumera una serie de medidas de tipo organizativo que se pueden aplicar en actos de campaña electoral y durante la jornada de votación para garantizar la seguridad de los colegios electorales como, por ejemplo, medidas de señalización, ventilación, circuitos, prioridades de entrada y salida de personas vulnerables, colas separadas para estas personas o limitación de aforo de los locales.
También se hace hincapié en el uso de medidas de protección como mascarillas y guantes, recomendación de llevar el voto preparado desde casa, limitación de la presencia de personal de la administración al suprimirse la comunicación de datos provisionales de participación y petición a las candidaturas para que nombren interventores en las mesas, y no apoderados.
LEY ELECTORAL PARCIAL
Otro paquete de medidas requeriría la aprobación de una «ley electoral parcial» -Catalunya no tiene aprobada una ley electoral propia y se rige por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General-, que podría amparar medidas como la «reserva de franjas horarias de votación para electores vulnerables» o en cuarentena.
También se podría alargar los horarios de votación, permitir más de una jornada de votación, interrumpir las votaciones para tareas de desinfección o ubicar urnas en el exterior de los colegios electorales para determinados electores.
El informe propone asimismo establecer una nueva variante del voto por correo para los electores afectados por un confinamiento territorial o una cuarentena individual posterior a la finalización del plazo de solicitud del voto por correo.
PETICIONES A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
La Generalitat, remarca el dictamen, puede proponer a la Junta Electoral Central prorrogar los plazos para solicitar el voto por correo y todos los plazos relacionados con la petición y emisión del voto de los residentes ausentes o temporalmente en el extranjero.
También se puede plantear la solicitud telemática del voto por correo y la posibilidad de emitir el voto en el mismo momento en que el personal de Correos lleva la documentación al domicilio, así como la aprobación de un modelo disponible 'online' de sobre y papeletas que pueda ser impreso personalmente por cada elector.
OTRAS ADMINISTRACIONES
La Generalitat puede instar a los ayuntamientos y a la Oficina del Censo Electoral a adoptar medidas que permitan aumentar el número de mesas y colegios electorales.
Al Gobierno del Estado, puede emplazarlo a que, de acuerdo con las indicaciones de la Junta Electoral Central, «habilite los mecanismos para que los notarios puedan llevar a cabo telemáticamente los apoderamientos a terceros para solicitar el voto por correo».
APLAZAMIENTO O SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES
Si la pandemia se descontrola y se considera que el conjunto de medidas es insuficiente para garantizar el «pleno ejercicio del derecho de voto» en un contexto de seguridad sanitaria, la Comisión Jurídica Asesora subraya que la Generalitat «puede proceder al aplazamiento» o incluso la «suspensión» de las elecciones.
Eso, en todo caso, debería producirse «con la adecuada motivación y con la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones o del deber de celebrarlas».
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