El juez instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, se ha negado a atender los recursos de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel –exiliada en Suiza– y de la exconsellera de Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret –también exiliada–, que pedían que se enviara su causa a los juzgados de instrucción de Barcelona. Entiende el magistrado que antes de decidir sobre ese extremo, deben presentarse a declarar ante el Supremo.

En dos autos con fecha de 14 de octubre de 2020, y contando con el aval de la Fiscalía, Llarena responde así negativamente a ambas. En el caso de Gabriel indica que «desestima la pretensión de reapertura del proceso a efecto de que se analice nuevamente su competencia y decline el conocimiento de la instrucción del proceso a favor del Juzgado de Instrucción de Barcelona que por turno corresponda y con relación a los hechos imputados y por los que ha sido procesada Anna Gabriel i Sabaté».

Así, señala que su competencia ya ha sido analizada en múltiples resoluciones, y le recuerda que la decisión de enviar el asunto a otro tribunal se adopta tras oír al procesado en declaración indagatoria, «lo que aquí no acontece». Esta aclaración del juez se debe a que Gabriel explica en su recurso que el Supremo envió la causa de otros procesados por desobediencia al Tribunal Superior de Catalunya en 2018.

El juez cita al respecto el informe de la Abogacía del Estado, que recuerda que «la situación procesal de Gabriel, en rebeldía y sin poder concluir la fase sumarial ni concretarse una acusación contra ella, impide que actualmente pueda trasladarse de forma automática lo analizado y resuelto respecto de quienes por haberse sometido a los órganos jurisdiccionales han permitido el agotamiento de la instrucción y la apertura de la fase de enjuiciamiento».

En este sentido, explica que lo que pretende la defensa de Gabriel es que se reaperture un procedimiento que está actualmente suspendido «y que fue archivado por encontrarse fugada la reclamante y por haberse ya agotado todas las vías de investigación y de actuación procesal que resultaban factibles».

Y apunta que esa reapertura se pone al servicio de que se analice únicamente si la competencia corresponde a otro órgano jurisdiccional, «con la peculiaridad de que éste estaría igualmente imposibilitado de proseguir el proceso ya paralizado por las mismas razones».

Este auto de Llarena, llega como respuesta al recurso de la defensa, de la exdiputada que solicitaba trasladar la causa a un tribunal de primera instancia porque Gabriel ya no es aforada y considera que el TS «no es competente».

Sobre Serret, el juez detalla que aun asumiendo que la exconsellera no fuese finalmente acusada de malversación de caudales públicos sino solo de desobediencia, se debe mantener la causa suspendida y archivada hasta el momento de la «posible prosecución del proceso», en caso de que se entregue a la justicia.

CUP: «No hay juicios justos»

Desde la CUP, el diputado Carles Riera ha expresado «todo el apoyo» de su formación a Anna Gabriel, y advierte que la negativa de Llarena «evidencia otra vez que el conflicto con el Estado español sigue abierto».

Según Riera, Gabriel es una más entre «las 2.850 personas represaliadas en causas políticas por su implicación en la lucha por la libertad de Catalunya y la justicia social».

También señala que, «en el marco de esta causa general contra el independentismo, no hay ni pueden haber juicios justos, ni en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ni en ninguna parte».

En sentido análogo se ha expresado la plataforma "Free Anna Gabriel", integrada por familiares y amigos de esta exdiputada de la CUP, y en un comunicado, indica que «desgraciadamente persisten las razones que fuerzan al exilio, no sólo de Anna, sino también del resto de exiliados catalanes".