El sindicato ELA ha denunciado que la próxima reforma de las pensiones «acarreará aún más recortes», después de la aprobación, el pasado 27 de octubre, del documento del Pacto de Toledo con 20 recomendaciones, «con el beneplácito de PSOE y Podemos», que deberá ser sometido al pleno del Congreso. Además, ELA considera «urgente» el debate sobre el reparto de la riqueza, «para centrarse en qué nivel de ingresos queremos garantizar a las personas pensionistas».

Sobre la nueva propuesta, el sindicato apunta que en ella «no se concreta que la revalorización garantice el poder adquisitivo, pretenden recortar la cuantía de las nuevas pensiones, limitar la jubilación anticipada, recortar la pensión de viudedad» y añade que «llama la atención que no haya ni una sola mención a la reversión de las reformas anteriores».

Además, ELA cree que, en lo que afecta al retraso de la jubilación, «la situación es muy preocupante». Según los datos del sindicato, «una de cada 4 personas es pensionista», con una cuantía media de 1.260 euros en la CAV y en 1.167 en Nafarroa. A esto, agrega, hay que sumarle la «evidente» brecha de género, ya que la pensión media de las mujeres es un 40% menor que la de los hombres.

Propuestas

En este sentido, ELA pide «rechazar el Pacto de Toledo y su filosofía y, en consecuencia, todas las reformas y recortes que emanen de él y del mal llamado diálogo social». El sindicato también propone «dar marcha atrás íntegramente a los recortes de 2011 y 2013» en lo referente a cuantía de nuevas pensiones, retraso de la jubilación o actualización de las pensiones; «crear empleo de calidad y subir los salarios por encima del IPC»; «aprobar los contenidos de la ILP contra la pobreza y la exclusión social», cuya tramitación fue rechazada en los Parlamentos de Gasteiz e Iruñea; «pensión mínima de 1080 euros»; «no limitar la financiación de las pensiones a las cotizaciones sociales»; «eliminar las bonificaciones empresariales» y «potenciar el sistema público de pensiones».

Finalmente, solicita que las instituciones de la CAV y Nafarroa garanticen «unos ingresos adecuados a las personas pensionistas actuales y futuras, complementando la pérdida de ingresos por los recortes del Gobierno español y garantizando la pensión mínima de 1.080 euros».