Las autoridades francesas están permitiendo que aumente el número de personas encerradas en centros de retención administrativa (CRA) y, en consecuencia, dejando a estas personas al margen de las medidas sanitarias que se aplican al resto de la población, según denuncia la La Cimade, asociación que ha vuelto a pedir que se cierren esos establecimientos, que son foco de contagios de covid-19.

Durante el primer confinamiento, la pasada primavera, las asociaciones que trabajan junto a las personas migrantes e incluso autoridades administrativas independientes ya alertaron de los riesgos para la salud que corren las personas migrantes –entre ellas hay menores de edad– recluidas en centros CRA como el existente en Hendaia.

Así solicitaron el cierre temporal de los centros de retención con el fin de proteger la salud de todos y en particular de las personas más vulnerables.

El centro sito en la localidad labortana fue vaciado, con ayuda de algunos traslados a Burdeos, donde se produjeron algunas decisiones de la justicia que permitieron salir a personas migrantes.

Nada que ver con el actual reconfinamiento. Cumplida una semana desde la entrada en vigor de esa medida en el Estado francés, y a la vista que, pese a las medidas adoptadas en semanas precedentes para limitar el número de personas en los centros, ahora mismo aumenta sin cesar la presencia en ellos de migrantes, La Cimade ha reiterado esa exigencia de cierre por pandemia de los CRA.

Hay brotes en centros como el de Hendaia

Según ha recordado, «el cumplimiento estricto de los gestos barrera es imposible en los centros de retención, ya que las personas que se encuentran en esos lugares están encerradas día y noche, durante largos períodos de tiempo, viven en condiciones de gran promiscuidad, compartiendo muchas veces habitaciones, y con un nivel de higiene insuficiente en tiempos de pandemia».

Las medidas específicas tomadas por el Ministerio del Interior francés al final del primer período de confinamiento no impidieron, según han hecho constar en sus informes las asociaciones, la propagación de la epidemia en los CRA como lo demuestra la aparición de clusters o brotes de covid-19, en Vincennes y Mesnil Amelot este verano, o en Burdeos y Hendaia más recientemente, «lo que demuestra el fracaso de los protocolos establecidos», estima La Cimade.

Si bien las medidas anunciadas el 28 de octubre y que entraron en vigor dos días más tarde contemplan actuaciones más restrictivas para toda la población del Estado francés, «los lugares de privación de libertad parecen estar fuera de estos principios de precaución, lo que sugiere que la salud de los presos no tiene el mismo valor que la del resto de la población», remarca la asociación.

La PCR, parte del arsenal de castigo

El contexto sanitario ha fragilizado si cabe aún más la situación de las personas migrantes. Afecta a la tramitación de sus dosieres, tanto en tiempo como en asistencia letrada.

Incluso una prueba tan esencial como la PCR puede llegar a implicar «una amenaza añadida para los migrantes», tal como recordaba la abogada Maite Etxeberri durante la presentación del informe anual de La Cimade.

La mayoría de los países demandan tener esa prueba para aceptar la devolución de migrantes, con el consiguiente atasco de los procesos de expulsión y el alargamiento del tiempo de reclusión en los CRA.

El Gobierno francés trata de superar ese obstáculo extendiendo la realización de los test y los migrantes que se niegan a realizar esa prueba, porque saben que su resultado puede implicar una expulsión que les deja sin opciones de regularización administrativa en el Estado francés, pueden sufrir un castigo.

Hay precedentes de sanciones por no querer realizarse el test, como ocurrió recientemente con una condena promulgada en el Tribunal de Baiona.

La Cimade vuelve a hacer sonar la alarma sobre la situación de fuerte tensión que se vive en los centros de retención.

Cabe recordar que en el CRA de Hendaia se produjo una fuga múltiple, en noviembre de 2019, que acarreó una condena de prisión para las cinco personas que tomaron parte en el intento. Uno de esos migrantes se suicidó luego en la prisión de Baiona.