Jaione Jauregi, exiliada desde hace cuatro décadas y entregada este domingo por las autoridades belgas a las españolas, ha pasado este lunes ante la Audiencia Nacional, donde se les ha comunicado la acusación de un atentado de ETA de 1981 y se ha valorado su situación.

La Fiscalía ha pedido prisión para ella a la espera de juicio. Tras varias horas de deliberación, el juez José de la Mata ha decidido aceptar este encarcelamiento aludiendo a un alto riesgo de fuga pese a que Jauregi ha llevado una vida pública estos años y ha dejado claro en sus declaraciones pública que no piensa volver a huir.

En la línea de la entrevista para NAIZ desde la prisión de Gante el pasado sábado, la detenida ha recordado ante el juez que lleva 17 años haciendo vida normal en territorio belga, sin ocultarse en ningún momento. Y ha negado cualquier relación con el hecho que se le imputa casi cuatro décadas después.

Ha explicado además Jauregi que en setiembre sufrió una operación en la pierna y está todavía en tratamiento médico.

Por contra, el juez De la Mata afirma en su auto de prisión que, debido al tiempo que ha permanecido huida, la procesada no tiene arraigo alguno en Euskal Herria, donde no reside desde hace más de treinta años, y si bien es cierto que acredita que tiene algún o algunos familiares, que se ofrecen a acogerla, la evidencia es que la procesada tiene absolutamente toda su vida en Bélgica.

«Estas circunstancias, unido a la gravedad de los hechos y la pena que podría eventualmente ser impuesta, ponen de manifiesto un elevado riesgo de fuga. Existe un riesgo indiscutible de que la procesada pueda optar por sustraerse a la disposición del Tribunal marchándose del país, refugiándose en otro Estado en el que hubiera que comenzar nuevamente durante años un nuevo proceso extradicional», asegura el instructor.

Prescripción

Por su parte, la defensa ha argumentado que el delito está claramente prescrito. Así ocurrió con otro de la misma época que fue archivado por la Audiencia Nacional en febrero pasado.

Sobre esto, el magistrado repasa todas las actuaciones practicadas a lo largo de los años y considera que se trata de resoluciones que «están dotadas de auténtico contenido material y no de trámite, dirigida a la efectiva prosecución del procedimiento», por lo que entiende que no se produjo «un efecto interruptivo de la prescripción».

A última hora de la tarde del lunes se ha celebrado una asamblea informativa en su pueblo, en Lezo, donde han denunciado su encarcelamiento con una manifestación. En Gante también han sido patentes las muestras de apoyo.