El Parlament catalán votará una propuesta presentada por JxCat, ERC y la CUP en el que se pide una amnistía para «todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya» desde el 1 de enero de 2013.

El texto de la propuesta defiende que dicha amnistía debería conllevar la «extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, por todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa».

En este sentido, detalla los delitos que debería incluir: rebelión y sedición; malversación de caudales públicos cuando esté en concurso con el delito de sedición, y los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, así como los delitos vinculados a la organización del 9N de 2014 o el 1-O de 2017.

También se incorporarían los actos de expresión y opinión que hayan sido valorados como delitos de incitación al odio vinculados al conflicto catalán; los delitos contra el orden público «cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación y/o de las protestas y acciones de crítica de la actuación de las autoridades gubernativas y/o jurisdiccionales sobre el conflicto», y otros actos que hayan sido mediados por la realización de los actos amnistiados.

La resolución de los partidos independentistas subraya que la amnistía «debe ir acompañada de una solución efectiva al conflicto político con el Estado español que incluya el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Catalunya», y que debe reparar los daños causados a las personas afectadas.

Asimismo, llama a la sociedad catalana a movilizarse y a apoyar una amnistía que permita la liberación de los presos del 1-O, el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero, el fin de todas las causas judiciales abiertas, y emplaza a «todos los agentes cívicos, políticos y sociales a reivindicar esta propuesta a través de un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos».