Los titulares sobre las recientes elecciones legislativas venezolanas se han centrado en la raquítica participación del 30,5% registrada, cifra utilizada por los azotes de Maduro –entre los que encontramos insignes representantes vascos– para cuestionar la legitimidad del mandato obtenido. De las contradictorias pasiones que despierta entre nosotros el país caribeño da cuenta el hecho de que el mismo día Rumanía, país de la UE, celebrase unas elecciones en las que solo votó el 31,84%, cifra que no encabezó ningún titular.

¿Convierte la baja participación en ilegítimo el resultado de las urnas? En el caso venezolano, la baja participación viene explicada en buena medida por el llamado de parte de la oposición al boicot. Esto nos habla de los graves problemas que sufre el sistema político venezolano en cuanto a polarización, pero también nos dice que tan escasa participación tiene que ver, en gran parte, con un hecho coyuntural. De hecho, a quien se ponga estupendo habrá que recordarle que la candidatura chavista logró el 20,8% de los votos sobre el total del censo electoral, mientras que el PNV logró en la CAV el 19,5% el pasado 12 de julio, y el PSOE el 18,4% en las estatales de hace un año.

Venezuela tiene muchos problemas, desde luego, pero la abstención no destaca entre ellos, al menos no en mayor medida que en los países vecinos. El gran problema de la abstención no radica en la cifra que alcance en unas elecciones determinadas, sino en que quienes se abstienen sean siempre los mismos. «Hay que tener una mirada dinámica», reclama el sociólogo e investigador de la Universidad de Deusto Braulio Gómez, que añade: «Lo grave es que haya muchas diferencias entre los que votan y los que no votan».

En las últimas elecciones de la CAV apenas votó la mitad del censo electoral, una cifra que debiera encender más alarmas de las que aparentemente ha encendido. La pandemia, la relativamente baja competitividad de los comicios y la escasa movilización de votantes habituales de PSE y Elkarrekin Podemos, principalmente, pueden explicar la parte coyuntural de la gran abstención registrada el 12J, pero hay otra parte estructural que se repite en cada cita electoral, que va aumentando y que tiene una característica muy marcada: los votantes de los barrios con rentas más bajas cada vez votan menos. Y esto está estrechamente ligado al crecimiento de las desigualdades. «Cuanto mayor es la desigualdad económica, mayor es la desigualdad en la participación», sintetiza Gómez.

La asociación Zubiak Eraikiz, responsable de la Iniciativa Legislativa Popular contra la segregación escolar en 2018, abordó el jueves la cuestión de la abstención en una mesa redonda online, con Sabin Zubiri de maestro de ceremonias y con la participación, además de Gómez, de la politóloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Berta Barbet y el politólogo y sociólogo de la Griffith University (Queensland, Australia) Ferran Martínez i Coma.

Desigualdad electoral
Gómez se encargó de hacer una breve radiografía de las elecciones del 12J. Puso encima de la mesa la desigualdad generacional –al votar mucho menos, los jóvenes están infrarrepresentados, y los mayores de 65, sobrerrepresentados–, recordó que también existe una brecha según la formación –los universitarios están sobrerrepresentados–, pero no tardó en ir al meollo: «Las clases bajas votaron mucho menos, mientras que los ricos no se pierden ni una fiesta de la democracia».

Los datos, recogidos tras el 12J en este mismo medio, hablan por si solos: en Bilbo y Gasteiz, la participación puede pasar, según el barrio, de más del 80% a cerca del 30%. En Donostia las diferencias son algo menores, pero las secciones con más votos doblan a las que registran menos.

Gómez estudia el fenómeno desde hace años, y tiene un diagnóstico claro: «El aumento de la desigualdad social ha hecho aumentar la abstención». El fenómeno, de hecho, se da en toda Europa, donde no para de aumentar «la cantidad de los que no votan nunca». Las implicaciones son evidentes: los últimos escaños se juegan por porcentajes de votos muy pequeños, y si quien decanta la balanza es quien tiene mayores recursos –cuya capacidad para influir en la agenda gubernamental ya es de por sí mucho mayor–, cabe concluir que el mandato de las urnas difícilmente refleja las demandas completas de toda la sociedad.

Desde Barcelona, Berta Barbet ofreció un marco más general, recordando que la idea principal en una democracia representativa radica en que de las urnas salgan las indicaciones de lo que tiene que hacer un gobierno. Para que el mandato sea perfectamente representativo, debería votar el 100% de la ciudadanía, algo que no ocurre en ningún lugar.

Si la abstención se repartiese de forma igualitaria entre toda la población, el problema sería relativo, pero no ocurre así. «El perfil de la gente que no va a votar es un perfil específico», explicó Barbet. Las consecuencias de que las rentas más bajas no voten sistemáticamente dibujan, según Barbet, un pez que se muerde la cola: «Esa desmovilización hace que los partidos no busquen su voto, de modo que tienen todavía menos incentivos para votar, y eso deja cada vez más gente fuera del sistema». Sus preferencias no entran jamás en la agenda pública.

Manos a la obra

Desde Australia, a las cinco de la mañana de Queensland, Ferran Martínez i Coma, se despertó con ganas de dar juego y poner deberes. Mencionó en primer lugar el experimento realizado por dos profesores de Yale en New Heaven –replicado después en varios lugares– y animó tanto a Zubiak Eraikiz como a Gómez y Barbet a intentar poner en marcha algo parecido aquí. El experimento consistió en ver si apelar al voto de los ciudadanos de forma directa –mediante una campaña puerta a puerta, el buzoneo y llamadas telefónicas– sirve para incrementar la participación.

Los argumentos empleados en dicha campaña fueron el deber cívico de votar, lo reñido de las elecciones y la solidaridad con los vecinos. Los resultados fueron notables: lograron aumentar la participación en nueve puntos, y el método más efectivo resultó ser la campaña no partidista puerta a puerta, junto a la apelación a que las elecciones se iban a decidir por un puñado de votos. ¿Habrá experimento en Euskal Herria? Zubiri aseguró tomar nota.

En segundo lugar, Martínez i Coma defendió la obligatoriedad del voto como medio para incrementar la participación y obtener mandatos claros. En una intervención corta porque el tiempo apremiaba, desgranó algunos de los principales argumentos a favor –no es una medida partidista que favorezca de forma preestablecida a ningún partido, sirve para incrementar el voto de las rentas más bajas, neutraliza la abstención diferencial, entre otros– y repasó algunas de las objeciones que suelen apuntarse. Por ejemplo, si nos encontramos con un 15% de votos nulos, ¿qué hacer? ¿Se puede simplemente pasar de puntillas, o ese voto debe tener una traslación en la configuración del poder legislativo que se conforme?

No hay respuestas preestablecidas, pero sí muchos debates pendientes y urgentes, ante la evidencia de que un sistema que deja repetidamente fuera de juego las preferencias de sus ciudadanos más pobres difícilmente puede llamarse democrático con todas las letras durante demasiado tiempo.