La casualidad ha querido que, justo el día en que se cumplen diez años de su detención e incomunicación a manos de la Guardia Civil, el Tribunal de Estrasburgo haya dado la razón a Iñigo González Etayo, al condenar al Estado español por no investigar «exhaustiva y eficazmente» la denuncia de torturas de este vecino de Barañain. 

González Etayo ha comparecido en Iruñea junto a Patxi Arratibel, Gorka Mayo, Iker Moreno y Xabier Beortegi, también arrestados en aquella operación, para realizar una primera valoración sobre esta undécima condena al Reino de España por no investigar las torturas. 

Se da la circunstancia, además, de que tres de esos fallos corresponden a personas detenidas en esa redada, ya que el de González se suma al de Arratibel, conocido en 2015, y al de Beortegi, en 2016. El Comité europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) también recogió en su informe de 2011 los malos tratos que sufrieron. 

En euskara y castellano, el barañaindarra, que se ha mostrado satisfecho al conocer el fallo, ha destacado que esta condena es «una nueva bofetada a la credibilidad de las instituciones españolas en general y a la Audiencia Nacional en particular». «Nuevamente, ha quedado demostrado que el Estado español no solo ha permitido que se torture a personas detenidas, sino que ha hecho caso omiso a las denuncias interpuestas». 

El «récord mundial» de Grande-Marlaska

Ha remarcado también que el juez instructor del sumario fue el hoy ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, quien ha sumado hoy sus sexta condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Este señor –ha apuntado González Etayo– debe ostentar algún récord mundial en este sentido». 

Han añadido que, «en cualquier Estado democrático, como mínimo», se hubiera abierto una investigación al respecto del magistrado que debía garantizar la integridad física y sicológica de los detenidos, pero, sin embargo, han puesto de relieve que «en España se le ha promocionado al Consejo de Ministros». 

Dos exigencias

Además de realizar esa primera valoración sobre el fallo, Iñigo González y las personas detenidas junto a él han querido hacer públicas dos exigencias. Por un lado, han subrayado que «el Gobierno de España debe reconocer la utilización de la tortura en contra del independentismo en Euskal Herria, no como un hecho puntual, sino como una práctica sistemática».

Así lo reflejan, por ejemplo, el trabajo de la Fundación Euskal Memoria que acredita hasta el momento 5.655 casos de tortura en Euskal Herria, y el estudio del Gobierno de Lakua, liderado por el forense Paco Etxeberria, que certificó en un primer paso 4.113 casos de personas torturadas en la CAV entre 1960 y 2014. 

La segunda petición, «urgente y necesaria», tiene como destinatario al Gobierno de Nafarroa, a quien instan a impulsar una investigación para esclarecer «cuántas personas han podido padecer tortura a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Navarra». Han avanzado que en los próximos días y semanas irán detallando pasos e iniciativas a este respecto. 

Relato y tortura

En un plano más personal, y en un contexto en el que se habla tanto del relato, Iñigo González ha explicado que ha vivido con «emoción» este fallo, que supone un «pequeño paso» para sacar a la luz la verdadera dimensión de la práctica de la tortura.

Ha descrito asimismo el trabajo que han desarrollado las personas detenidas en aquella redada que quedó marcada por la palabra ‘Aztnugal’ con el fin de ayudar a socializar tanto el uso sistemático de la tortura como las consecuencias que tiene sobre quien la sufre.

Ha añadido que el hecho de que tres de los fallos de Estrasburgo correspondan a personas detenidas en la misma operación demuestra que «es muy evidente» lo que tuvieron que padecer en manos de la Guardia Civil.