El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha propuesto para una celadora del hospital gasteiztarra de Txagorritxu que acabó ingresada en la UCI por Covid-19 un recargo del 30% en las prestaciones económicas que le corresponden, según ha informado CCOO Euskadi, que está valorando reclamar el aumento de este recargo hasta el 50% en función de las secuelas que aún arrastra la trabajadora a día de hoy.

La incapacidad temporal de la celadora fue calificada inicialmente como contingencia común. Es decir, ajena a su puesto de trabajo en las urgencias del Hospital de Txagorritxu, que atendía ya en aquellos momentos la primera ola de la pandemia.

Posteriormente, el INSS determinó que su incapacidad temporal estaba directamente vinculada con su trabajo y que se trataba, por ello, de una contingencia profesional. Este recargo se fundamenta en que el INSS da por hecho el «incumplimiento» en materia de prevención en dos aspectos. Por un lado, por no haber proporcionado material de protección individual suficiente a la trabajadora, que según la evaluación de riesgos de su puesto, debía disponer de mascarilla quirúrgica, guantes, calzado antideslizante y bata impermeable.

Por otro lado, se basa en el «incumplimiento» en materia de formación e información a la trabajadora, que no recibió formación teórica ni práctica suficiente sobre la prevención de riegos ante el Covid-19, «ni siquiera adaptada a la información de la que se disponía en ese momento», ha indicado el sindicato.

Según recoge el propio relato del oficio dictado por el INSS, la trabajadora contactó con Salud Laboral de su hospital los días 2 y 4 de marzo de 2020, ya en plena primera ola, pero fue derivada a su médico de cabecera en ambas ocasiones, alegando que sus síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria no tenían relación alguna con su trabajo.

El 7 de marzo acudió finalmente al hospital, resultando ingresada en la UCI durante tres semanas. Aun así, a día de hoy, todavía arrastra secuelas y continúa sin poder trabajar.

CCOO ha remarcado de nuevo la necesidad de reconocer el covid-19 como enfermedad profesional de todo el personal que desempeña su trabajo en centros sanitarios y sociosanitarios, ya sean personal de plantilla del centro o subcontratas, e independientemente de que sean personal sanitario o no.