El PP se ha quedado solo y no ha obtenido ni siquiera el apoyo de Vox para tratar de mantener la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, abocada a una reforma impulsada por el PNV, que se frustró hace casi tres años y que el Congreso volverá a activar tras el rechazo de la enmienda a la totalidad de la formación derechista.

Un veto que ha recibido reproches de todos los diputados al tildar la iniciativa de «chapuza» y de «maniobra» para tratar de obstaculizar la tramitación parlamentaria.

Llama la atención que han sido pocas las alusiones del PP a su propia enmienda, ya que la diputada Teresa Jiménez-Becerril ha dedicado la mayor parte de su intervención, unos 20 minutos, a hablar de ETA, y a criticar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los traslados de presos y presas vascas.

«No tienen autoridad para hablar de seguridad y libertad cuando apoyaron la socialización del terror», ha apuntado la diputada, cuyo hermano y su cuñada fallecieron en un atentado de ETA, al dirigirse a los representantes de PNV y EH Bildu.

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha censarudo que Jiménez-Becerril haya hablado de ETA, «que ya está disuelta, en lugar de de la Ley Mordaza». «No hay ley que haya aunado más a la oposición en contra de una norma. Tuvo el rechazo de la sociedad y de la inmensa mayoría de los partidos políticos», ha manifestado.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha rechazado «entrar en disputa con el dolor» de la diputada, y ha advertido de que la aprobación de la enmienda propuesta por el PP, «que es la misma Ley de Seguridad Ciudadana, ni congelaría la tramitación de la reforma de la vigente ley ni cambiaría el debate fondo».

«Palos en las ruedas»

El PSOE, por su parte, ha reiterado sus críticas a la norma aprobada en 2015 con el único respaldo del PP, que siempre impulsa leyes cuando gobierna «para poner palos en la rueda en los derechos de los ciudadanos», y ha lamentado la chapuza del texto presentado, «que no tiene por dónde agarrarse».

«Cinco veces hemos hablado de la Ley de Seguridad Ciudadana; no hay quinto malo, pues este es malísimo», ha ironizado el diputado David Serrada.

Menos indulgente ha sido el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha acusado al PP de «hacer perder el tiempo» al Congreso con este debate en vez de iniciar definitivamente la reforma de la ley para «acabar con el recorte de libertades públicas que implantó el PP para dificultar el derecho de la protesta contra los recortes sociales y el empobrecimiento».

Parecidos argumentos han esgrimido desde Esquerra Republicana (ERC) o el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que abogan directamente por derogar esa ley por ser «aberrante, regresiva y antidemocrática».