![Bárcenas, en el comienzo del juicio por el pago en negro de la obras de la sede del PP. (POOL/EUROPA PRESS)](/media/asset_publics/resources/000/772/591/article_main_landscape/barcenas.jpg)
En el arranque del juicio por el pago en negro de la reforma de la sede del PP en Génova, la defensa de Bárcenas ha planteado al tribunal la posibilidad de realizar un careo con el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy si éste presenta alguna «contradicción» durante su declaración sobre lo manifestado por Bárcenas sobre la «caja B».
Así lo ha dicho el abogado Gustavo Galán durante su exposición de cuestiones previas en la que se ha sumado a la petición de que Rajoy declare como testigo en el juicio.
La defensa del extesorero ha aludido al escrito que Bárcenas remitió hace unas semanas a la Fiscalía Anticorrupción, en el que afirmó que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP era «conocedor» de la existencia de una «caja B» en el partido y aseguró que destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de esa contabilidad paralela en 2009.
Además, le acusó de haber sido uno de los altos cargos del partido en haber recibido «complementos salariales». Por todo ello, el abogado Gustavo Galán ha señalado que sería «ilógico» que no solicitase la testifical de Rajoy en esta vista oral, que, precisamente, ya ha sido admitida por el tribunal a petición de alguna de las acusaciones populares.
La defensa de Bárcenas ha añadido que si «se considerase oportuno», y en caso de que existan «contradicciones», plantearía la posibilidad de que se practicara un careo entre el expresidente del Gobierno español y el extesorero del PP.
El letrado, que desde hace pocos meses representa los intereses del extesorero después de que su anterior abogado renunciase a su defensa, también ha pedido nuevas testificales tras reconocer que gran parte de las pruebas que su cliente guardaba para hacerlas valer en este procedimiento le fueron sustraídas sin su conocimiento en la llamada Operación Kitchen, presuntamente impulsada en 2013 desde el Ministerio del Interior español y que se ha conocido tras la detención del excomisario José Villarejo en 2017, según ha recordado.
Ha lamentado que pese a estas circunstancias se cuestione la credibilidad de su cliente y ha sostenido que es palpable que está colaborando con la Justicia desde que en 2013 hizo públicos sus famosos «papeles» y que, si en el juicio de Gürtel rechazó responder a las preguntas sobre la «caja B», actuó así al entender que ese no era el objeto de esa vista oral y que debía reservarse para este procedimiento.
Citar a varios periodistas
Por todo ello, y para apuntalar su versión de los hechos, ahora ha pedido al tribunal que cite como testigos a los periodistas Francisco Mercado, Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y María Luisa Bernal (Marisa Gallero) para que expongan el contenido de las pruebas que recabaron para la elaboración de informaciones en sus respectivos medios.
Con estas testificales, trata de probar la existencia de una grabación del predecesor de Bárcenas en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la que supuestamente manifestaba que existían ciertos pagos a exdirigentes del PP.
Unas revelaciones, ha añadido, que recogió en un artículo Francisco Mercado, que es quien, según el abogado, realizó esa grabación con la intención de tener datos para esa información. Esa grabación de ocho minutos, ha añadido, la escuchó Inda, y por ello pide también que se le llame como testigo.
La Fiscalía niega un pacto
El extesorero hacía referencia a esa grabación en la carta que envió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción señalando su intención de colaborar con la Justicia y respecto a la que hoy el Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que asegura que no ha llegado a pacto alguno con Bárcenas, del que dice además que en su escrito «aporta escasas novedades, ninguna sustancial».
En su intervención ante el tribunal, integrado por José Antonio Mora (presidente), Fernando Andreu y María Fernanda García, el fiscal Antonio Romeral ha recordado que en esta causa no se investiga si las donaciones de empresarios ingresadas en la «caja B» tenían como finalidad la obtención de adjudicaciones públicas, ya que eso se está investigando en otro procedimiento.
Por eso, ha pedido que el juicio se circunscriba al verdadero objeto de enjuiciamiento, fundamentalmente el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP en la calle Génova -888.000 euros- y la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de esa «caja B».
Esa petición ha sido la misma que la de las defensas, que han lamentado la indefensión en que les dejó el auto de apertura de juicio oral que el magistrado José de la Mata dictó en 2018 y en el que ampliaron los hechos y el número de delitos por los que se dictó en 2015 el auto de procedimiento abreviado (PA) -equivalente al procesamiento- a los que las acusaciones habían planteado en sus escritos.
Acusaciones populares contra las que ha arremetido duramente el abogado del PP, Jesús Santos, al considerar que su finalidad responde a intereses «espurios y políticos», y que lo que pretenden es el desgaste del partido y el escarnio «al adversario político».
Un escarnio, ha lamentado, en el que tratan de profundizar al proponer como testigos a expresidentes del Gobierno y a otros exdirigentes del partido y hacerles desfilar «en un circo mediático» al que también ha contribuido hoy, según le ha reprochado, el abogado de Bárcenas al proponer ese careo con Rajoy.
Por su parte, el abogado del acusado Cristóbal Páez, exgerente del PP para el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, ha pedido el aplazamiento del juicio al menos hasta el lunes al no poder estar presente su cliente al haberse contagiado de covid. En todo caso, estima que han prescrito los delitos por los que se acusa a su cliente.
También han alegado prescripción de los delitos fiscales de los que se les acusa los abogados de dos administradores de Unifica, mientras que el letrado de una tercera representante de la empresa estima que debe quedar fuera del juicio, ya que solo la acusan algunas de las acusaciones populares pero no la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
El juicio continuará mañana martes con las alegaciones de las seis acusaciones populares y la Fiscalía a las cuestiones previas planteadas, tras lo cuál el tribunal emitirá su dictamen.
Críticas de Casado a Sánchez
Antes de que arrancara el juicio, el líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que ni él ni nadie de su equipo ha tratado con «delincuentes» y ha culpado al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de buscar perjudicar a su partido con la confesión de Bárcenas en plena campaña de las elecciones catalanas.
Casado ha afirmado durante una entrevista a Onda Cero que la «instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda» y ha señalado que antes de que llegara al poder había una «norma no escrita» para que este tipo de casos no «coincidieran» en campaña.
«No es la primera vez que la Fiscalía arremete contra el PP desde que está Sánchez en el poder», ha abundado Casado, para añadir que la Fiscalía está «jugando con información» y su partido está sufriendo la «pena de telediario» coincidiendo con la campaña catalana.
Además, ha garantizado que no le «temblará el pulso» si se demuestra que algún militante actual del partido conocía la caja b, en alusión a dirigentes como el expresidente Mariano Rajoy.
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