El portavoz del Gobierno de Gasteiz, Bingen Zupiria, ha asegurado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de permitir la reapertura de establecimientos hosteleros de forma cautelar, pese a encontrarse en zona roja, pone «en cuestión» la garantía jurídica de la CAV «para adoptar todas las medidas necesarias» con las que «hacer frente» a la actual situación de pandemia.

En una valoración muy urgente a mediodía tras conocer la resolución judicial, Zupiria ha manifestado que la decisión del alto tribunal «responde a una denuncia que solicita medidas cautelares y no entra al fondo de la cuestión», que es algo que, «en su momento, a través de una resolución o una sentencia, tendrá que aclarar el ponente correspondiente».

Ya por la tarde, en otra comparecencia en Bilbo y tras leer la resolución, Zupiria se ha mostrado más enérgico. Ha anunciado que se analizará recurrir la decisión y ha considerado «especialmente grave» que el TSJPV entre a valorar 'motu proprio' cuestiones como la evolución o el riesgo epidemiológico, un asunto que «en el caso de las instituciones vascas, es permanentemente evaluado por la comisión técnica de LABI y por los profesionales de Salud y de Osakidetza».

Ha explicado que, como estaba previsto, este jueves se reunirá la Comisión Técnica del LABI y el viernes el Consejo Asesor del LABI «y se adoptarán en su caso las medidas y decisiones que se consideren más adecuadas para hacer frente a esta situación de riesgo y para un mayor cuidado de la salud de todos».

Efectivamente, las reuniones estaban convocadas de antemano pero se avanzaba que no habría cambios en las restricciones, sino una prórroga del estilo de la adoptada en Nafarroa el lunes. El nuevo panorama puede animar a Lakua a implantar otros recortes, por ejemplo en los horarios de hostelería.

En su comparecencia, Zupiria ha recordado que las medidas que estaban en vigor han sido adoptadas en la Comisión interterritorial de Salud del Estado español y se han hecho siguiendo las directrices de instituciones europeas o internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. «Antes de adoptar medidas, los responsables institucionales han atendido a informes de expertos y también a los dictámenes de la comisión técnica de LABI, compuesta por microbiólogos, epidemiólogos, investigadores y expertos en diferentes ámbitos de la salud pública», ha destacado.

Tras insistir en que el Gobierno de Lakua «respeta, pero no comparte» la resolución emitida por el TSJPV favorable a la apertura de los establecimientos hosteleros en localidades con una tasa de incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes, ha apuntado que esa tasa es una un indicador de una situación «muy grave y alarmante, y requiere medidas excepcionales que se deben adoptar en Euskadi, y se están adoptando en medio mundo».

En esta línea, ha dicho no entender el auto hoy emitido porque, según ha advertido, «nos encontramos en una situación con una tasa de incidencia cercana a los 600 casos por 100.000 habitantes», mientras el objetivo establecido en el ámbito europeo es situar esa tasa por debajo de los 60 casos por 100.000 habitantes.

«Tenemos claro desde las instituciones, con respecto al mundo de la hostelería y a lo que vamos a vivir en los próximos meses, es que la única forma de abordar esta situación, con más o menos restricciones, será si los hosteleros son estrictos con los clientes que vamos a los bares y a los restaurantes en el cumplimiento de las medidas que están establecidas, y si los clientes somos serios y estrictos en el cumplimiento de estas medidas», ha manifestado Bingen Zupiria.