Con escuadra y cartabón va a tener que dibujar su estrategia negociadora ERC para convertir a Pere Aragonès en su primer president de la Generalitat desde los tiempos de la República. A su favor, la amplia mayoría independentista en el Parlament –74 diputados y más del 50% de los votos– y su posición central en todas las aritméticas posibles. En su contra, su debilidad intrínseca en cualquiera de esas aritméticas: el PSC quedó por delante y a Junts le sacó un solo punto de ventaja. A su favor y en su contra: la CUP. Escuadra, cartabón y malabares.

Por si alguien todavía albergase alguna duda, la Fiscalía se encargó por la vía de los hechos de poner una barricada contra la opción de un nuevo Tripartit, recurriendo el tercer grado de los presos el día después de las elecciones. Tenían mayor sentido del decoro en el siglo XVIII, cuando el fiscal del Consejo de Castilla escribió –en unas célebres instrucciones a los corregidores en Catalunya– aquello de «que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado».

En cualquier caso, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya había dejado clara por la mañana la negativa: «Es imposible que formemos Gobierno con el PSC. Se ha manifestado con la extrema derecha y ha aplaudido la prisión de los presos políticos». Con el PSOE se negocia la resolución del conflicto, no el Govern, parecen decir desde ERC.

Mayoría de 82 diputados

Descartado el Tripartit, la única combinación que supera los 68 diputados que fijan la mayoría absoluta implica a los tres partidos independentistas con representación parlamentaria. Pero Esquerra quiere más. Primero Junqueras, después el presidenciable Pere Aragonès y, finalmente, la portavoz, Marta Vilalta, insistieron en la formación de un Ejecutivo de amplio espectro que tenga como mínimo común denominador la defensa de la amnistía y la autodeterminación. Es decir, que incluya a Junts y la CUP, pero también a Catalunya en Comú. Juntos suman 82 diputados en el nuevo Parlament (el 61%).

«El independentismo de izquierdas es mayoritario. Tenemos que reconstruir el país desde la justicia social y resolver el conflicto político con grandes consensos: hay 82 diputados y diputadas a favor de la amnistía y el derecho a la autodeterminación», fueron las palabras de Vilalta, que también subrayó la importancia de haber superado por primera vez la barrera del 50%: «Es un hito muy importante y un mensaje clarísimo para la sociedad catalana y la comunidad internacional».

Pero solo la CUP compró el planteamiento. Eulàlia Reguant, portavoz de la formación y parlamentaria otra vez, aseguró que esperan hablar con ERC, Junts y Catalunya en Comú. Eso sí, Reguant fue más clara que Vilalta y, además de la improbable amnistía y la vaga referencia a la autodeterminación, detalló el mínimo común denominador que, a su juicio, debería tener el programa del nuevo Gobierno. «Un referéndum puede tener mucha mayor capacidad de recibir apoyos que una DUI», señaló, en referencia a la reactivación de la Declaración Unilateral de Independencia que Junts preveía en caso de superar el 50%.

También habló la candidata, Dolors Sabater, quien señaló que prefieren esperar a conocer la propuesta negociadora concreta, pero que, a priori, están «en predisposición de asumir responsabilidades» con el objetivo de «blindar los grandes consensos de país». La entrada de la CUP en el Govern sí que sería una novedad.

Vetos cruzados

Pero el proyecto de un Gobierno de amplio espectro choca con la cruda realidad del veto impuesto durante la campaña por Catalunya en Comú a cualquier Ejecutivo que cuente con Junts. En la noche electoral fue el diputado David Cid quien lo dejó más claro: «Pere [Aragonès], con Borràs y Canadell, NO». No deja de ser sorprendente que los comunes digan estar cansados de insistir en que con Junts no negocian, pero no se cansan de repetir su apuesta por un Tripartit que tanto el PSC como ERC han rechazado. El veto, ideológico se supone, no parece extenderse al «número tres» del PSC, el ex de Unió Ramon Espadaler, cristiano conservador contrario al aborto, entre otras medallas.

En el caso de Junts, el veto a Catalunya en Comú no es tan explícito, pero Laura Borràs dejó ayer claras sus preferencias: un «Gobierno independentista que se corresponda con el que la gente ha expresado en las urnas». Para los de Puigdemont, haber superado el 50% de los votos «debe tener consecuencias», al considerar que los «legitima a avanzar hacia la independencia». Borràs se mostró dispuesta a hacer a Aragonès president, por haber obtenido un diputado más que Junts, pero le pidió «explicar qué quiere hacer con este más del 50%».

Papel central para la CUP

Así las cosas, la única mayoría que a día de hoy puede hacer presidente a Aragonès es la que forma junto a Junts y la CUP. En este contexto, el papel de la izquierda independentista se antoja mucho más central, no solo porque tiene la llave de la mayoría independentista, sino porque su análisis sobre el momento independentista se sitúa, a ratos, a medio camino entre ERC y Junts. La CUP rechaza nuevas actuaciones basadas en el simbolismo, como la reactivación de la DUI propuesta por Junts, y comparte con ERC la necesidad de seguir sumando complicidades. Al mismo tiempo, no confía en un diálogo sin plazos, abandera la celebración de un nuevo referéndum y defiende, como Junts, el uso de las instituciones para buscar la confrontación democrática con el Estado. Era difícil imaginar que llegaríamos a escribir esto, pero la CUP puede llegar a ejercer, en cierta manera, de puente entre ERC y Junts.

Claro que, para que esto ocurra, la CUP tendrá que querer ocupar esta posición, y ERC y Junts, reconocérsela. Hasta ahora, la dinámica poselectoral durante el procés ha llevado a ERC y al antiguo espacio convergente a negociar un acuerdo de Gobierno, para luego pedir a la CUP su apoyo. En esta ocasión, sin embargo, tanto ERC como Junts pueden intentar buscar el favor de la CUP a sus posicionamientos, ya que es la izquierda independentista la que decanta las mayorías dentro del espacio soberanista.

De hecho, ayer ERC designó a la propia Vilalta; al presidente del Consell Nacional, Josep Maria Jové; al responsable de comunicación, Sergi Sabrià, y a la «número dos», Laura Vilagrà, como el equipo que encabezará las negociaciones por parte de ERC. A última hora de ayer anunciaron que iniciarán la ronda de contactos, precisamente, reuniéndose con la CUP y seguirán con Junts y los comunes.

Illa insiste en presentarse

Por su parte, el vencedor de las elecciones, Salvador Illa, insistió ayer en presentarse como candidato a la investidura a president, augurando que no habrá acuerdo entre los partidos independentistas. «Mi partido ha ganado las elecciones en Catalunya y me corresponde presentar candidatura y formar Govern», señaló ayer el candidato del PSC, que calificó de «inasumibles» planteamientos como la autodeterminación y la amnistía, sobre los que ERC quiere construir su Ejecutivo.

Pero la única opción de Illa pasa por Esquerra Republicana. Ayer el expresident en tiempos del segundo tripartit, José Montilla, abogó por «buscar vías de entendimiento» entre PSC y ERC, apuntando que «es una oportunidad que no tendríamos que dejar pasar». Pero el veto, conviene no olvidarlo, ha sido mutuo durante la campaña electoral. «En mi Gobierno no habrá independentistas», señaló Illa dos días antes de las elecciones, en busca de un voto de Ciudadanos que ahora le condena a la agridulce posición de haber ganado las elecciones pero no poder formar Ejecutivo.

Illa insistió en que también abrirá una ronda de contactos con todos los partidos, excepto con Vox. Pero lo cierto es que la formación que más votos aportaría a su candidatura, al margen del PSC, sería la de la extrema derecha.

La presidencia del Parlament supondrá el primer test de estrés

No ha habido investidura fácil durante el procés y esta no va a ser una excepción. En 2015, las elecciones se celebraron el 27 de setiembre y no hubo investidura hasta el 10 de enero de 2016, después de que Artur Mas diese un paso a un lado del que el domingo pudo acordarse amargamente, tras ver como el PDeCat que apadrina quedó sin representación. En 2017, las elecciones fueron un 21 de diciembre y, entre jueces y desacuerdos, la investidura de Quim Torra no se votó hasta el 14 de mayo.

En esta ocasión, el calendario dice que el Parlament debe constituirse antes del 12 de marzo. El primer pleno de investidura se deberá realizar dentro de los siguientes diez días hábiles, lo que, estirando los plazos, podría alargarse hasta el 26 de marzo. El candidato necesita sumar 68 diputados o más –mayoría absoluta– para ser elegido en primera vuelta. Si no lo consigue, se vuelve a votar a los dos días y, en esta ocasión, basta con una mayoría simple. Si no lo logra, se abre un periodo máximo de dos meses para negociar una nueva investidura. Ese plazo podrá prolongarse hasta el 26 de mayo en esta ocasión; si para entonces no hay president, el Parlament se disuelve automáticamente y se convocan elecciones a los 54 días, lo que en esta vez querría decir a mediados de julio.

Sin ir tan lejos, la primera cita será la constitución del Parlament, cuando se elegirá al presidente de la institución y a la Mesa. En los últimos años, el reparto entre Junts y ERC ha dejado este cargo en manos de la segunda fuerza, por lo que ahora sería el turno de Junts. Será el presidente del Parlament, por mucho que diga Salvador Illa que se presentará a la investidura, quien decidirá si el líder del PSC se somete o no al examen de la Cámara.

El modo en que se resuelva la constitución de la Mesa –está por ver si Junts propone a Josep Costa, cuyos choques con el republicano Roger Torrent han sido constantes– ofrecerá una primera muestra de cómo van las negociaciones de cara a la investidura. Con todo, el independentismo tendría que hacerlo francamente mal para no controlar una Mesa en la que podría entrar una CUP reforzada.B.Z.