![Monolito que recuerda a Mikel Zabalza en su Orbaitzeta natal. (Iñigo URIZ/FOKU)](/media/asset_publics/resources/000/755/824/article_main_landscape/mikel-zabalza.jpg)
La Junta de Portavoces del Parlamento Foral ha aprobado por unanimidad una declaración en la que «exige» que se investigue la muerte del navarro Mikel Zabalza en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil.
Su cadáver apareció en el rió Bidasoa 25 días después de su arrest. A estas alturas nadie niega que murió a manos de los agentes de la Guardia Civil de Intxaurrondo. Sin embargo, la versión oficial sigue manteniendo que se lanzó al río cuando trataba de huir.
Hace una semana el caso volvió a la actualidad tras la publicación de un audio de la conversación que entonces mantuvieron el director del Centro Nacional de Inteligencia (Cesid) Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, en la que este último expone su certeza de que Mikel Zabalza murió en Intxaurrondo y hablaba de la tortura con naturalidad.
Por eso este lunes el Parlamento ha reclamado en una declaración presentada por EH Bildu, Podemos e I-E que «se investigue a fondo» el contenido de esos audios «a fin de saber la verdad» de lo ocurrido, porque hasta el momento «todos los intentos» realizados por la familia en este sentido «han sido inútiles». Navarra Suma, PSN y Geroa Bai han apoyado el texto.
«El Parlamento de Navarra exige que, tras la aparición de unos audios en los que intervienen el capitán de la Guardia Civil Gómez Nieto y el entonces coronel jefe del Cesid Juan Alberto Perote, se investigue a fondo el contenido de los mismos, con el fin de saber la verdad en torno a la muerte del joven navarro Mikel Zabalza», apunta.
Los partidos ponen en valor la unanimidad
En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez Nievas ha señalado que «hemos apoyado que se investigue» y que «el poder judicial realice lo que estime conveniente en esta cuestión».
Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha señalado que han apoyado la declaración porque «consideramos que hay que posibilitar esa investigación y aclaración de los hechos sucedidos».
Desde Geroa Bai, María Solana ha destacado la «unanimidad» en torno a la declaración y ha añadido que «es imprescindible conocer la verdad» para añadir que «también lo es cambiar la ley de secretos oficiales» y «que no haya impunidad ni secretos».
La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, se ha «congratulado» por la unanimidad en la declaración y ha señalado que «los audios espeluznantes dejan en evidencia no solo lo que ocurrió en determinadas circunstancias en estos casos, sino que sugieren que la tortura se ha utilizado con fines políticos, de forma sistemática y se ha ocultado con absoluta impunidad».
Ruiz ha remarcado que el Gobierno español «tiene una responsabilidad», así como el ámbito judicial, «de investigar e ir al fondo de estas cuestiones».
El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que «en ese audio queda patente que la tortura se utilizó de forma sistémica», «se habla de un sistema, de una forma de proceder», por lo que ha pedido «verdad, justicia y reparación y que se investigue» lo ocurrido.
La parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que «sobran los 35 años en los que se han mantenido en secreto las circunstancias en las que murió Mikel Zabalza». «La familia tiene derecho a saber qué pasó y la sociedad también, y esperemos que se termine con ese ocultismo», ha expuesto, para valorar la unanimidad en torno al texto aprobado.
Investigación oficial de la tortura
El pasado jueves, en una comparecencia en Iruñea, Idoia Zabalza, hermana de Mikel, afirmaba que la publicación de la grabación abría una nueva opción de que se volviese a investigar el caso.
Junto a ello, la Red de Personas Torturadas de Nafarroa reclamó al Gobierno navarro una investigación oficial sobre el impacto que ha tenido la tortura en el herrialde. Por ello, llamaron una manifestación que este sábado, 6 de marzo, recorrerá las calles de la capital navarra.
En ese sentido, la representante de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha apuntado que el Ejecutivo navarro «tiene la responsabilidad de implementar políticas activas para la prevención de la tortura y hacer unos informes oficiales, que superen al año 78» y se ha sumado a la convocatoria de la manifestación.
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