Familiares y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han exigido este martes justicia por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, hace cinco años, por el que consideran que el Estado «está en deuda».

La petición de que se «capture y castigue a los autores intelectuales (del crimen) está igual», ha señalado Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista hondureña muerta el 2 de marzo de 2016.

Ha añadido que el Estado de Honduras ha tratado de «crear una cortina de humo respecto a la justicia dándonos los resultados más pobres de este proceso y acallar así también la voz internacional de demandar justicia integral para Berta».

«Sentimos que ahora estamos en el momento de derribar el muro más fuerte que se ha levantado respecto a la impunidad, la captura de los autores intelectuales, que sigue en deuda», ha subrayado Zúñiga, coordinadora del Copinh, del que Cáceres fue una de sus fundadores.

El ataque mortal contra Berta Cáceres ocurrió el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

Falta de voluntad del Estado

La hija de la ambientalista lenca ha indicado que ella y su familia no desconocen que es difícil que se haga justicia para su madre en Honduras.

«A cinco años (del crimen), lo que se ha notado es que ya se acabaron las excusas de las instancias de Justicia de decir que se está investigando, y ya no hay razón, afortunadamente tenemos lo valioso de las pruebas y la información, que normalmente en casos emblemáticos desaparece», ha declarado.

En su opinión, en Honduras hace «falta una voluntad del Estado que hasta ahora ha demostrado no tenerla» para que se haga justicia para la ambientalista.

Sin embargo, la familia de Cáceres «va a seguir luchando, porque independientemente de que pasen cinco años o los que sean, debemos continuar en esta labor hasta lograrla, y ojalá en otra configuración política donde realmente exista independencia de los poderes», ha señalado.

Juicio en abril contra una «pieza clave»

La ambientalista había sido amenazada por su oposición a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca en la comunidad del Río Blanco, de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), cuyo presidente ejecutivo, Roberto David Castillo, fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual del crimen.

Castillo, un militar hondureño, es «la pieza clave que vincula a los autores intelectuales» de la muerte de la ambientalista, subraya Zúñiga.

La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras indicó en la víspera que el juicio oral y público contra Castillo, acusado por el delito de asesinato de la ambientalista como autor intelectual, se iniciará el 6 de abril y se alargará hasta el 30 de ese mismo mes.

Cuatro acusados fueron condenados en noviembre de 2018 a 34 años por la muerte de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.

Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del hecho sangriento.

Pese a que siete de los ocho acusados  han sido condenados, el Estado «está en deuda» en este caso, reitera Zúñiga.

«Nuestra voluntad no nació por enjuiciar a personas que fueron pagadas por este grupo de personas vinculadas a la familia Atala Zablah (ligada al sector bancario del país), sino para enjuiciar y castigar a los que pagaron y ordenaron este crimen, lo cual no se ha logrado hasta el momento», ha manifestado.

Pacto de inmpunidad

Además ha denunciado que el principal obstáculo que ha enfrentado la familia es «romper el pacto de impunidad que existe entre las instancias de Justicia y los autores intelectuales del proceso».

Los últimos cinco años han sido «de mucha zozobra, de lucha, de desvelo, de trabajo, agotadores, lo que redime todo esto es la esperanza de encontrar la justicia y la solidaridad de todas las personas que han sido sensibles a este proceso», ha indicado Zúñiga.

Familiares, organizaciones sociales y representantes diplomáticos han recordado hoy a Berta Cáceres a cinco años de su muerte en un acto que se desarrolló en Santa Catarina, occidente del país, donde se instaló un altar, con un retrato de la ambientalista y ofrendas en su honor.