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LAB lleva a la Fiscalía la actuación de Lakua e Industria durante la primera ola

La semana pasada el TSJPV estimó el recurso de LAB y falló contra Transmisiones La Magdalena, que llamó a trabajar a sus empleados a finales de marzo de 2020, en la primera ola del covid. Lo hizo amparada en una nota del Ministerio de Industria, sobre el que ha puesto su lupa la central abertzale.

Rueda de prensa ofrecida por LAB. (LAB)
Rueda de prensa ofrecida por LAB. (LAB)

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) condenó a Transmisiones La Magdalena, dedicada a la fabricación de árboles de transmisión para maquinaria agrícola, al pago de 50.000 euros a la plantilla por llamar a trabajar a sus empleados el pasado 2 de abril, cuando estaba vigente el Real Decreto-ley 10/2020.

Según ha explicado  este martes el sindicato LAB, que interpuso la demanda y el posterior recurso ante el TSJPV, el decreto regulaba el permiso recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaban servicios esenciales, a fin de reducir la movilidad en el contexto de la lucha contra el covid. Sin embargo, el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, emitió el 31 de marzo una nota interpretativa sobre la aplicación del decreto, por la que quedaban excluidas las actividades de importación y exportación. Una nota a la que se acogió la empresa para reanudar la actividad.

LAB presentó una demanda por entender que la compañía no podía ordenar a los y las trabajadoras ir a prestar servicios por una nota del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que era «manifiestamente incompetente para emitir esa orden». Es más, el sindicato solicitó que se declarara nula ya que, a su juicio, «vulneraba el derecho a la integridad física y moral de los y las trabajadoras». En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbo desestimó la demanda, que fue posteriormente estimada por el TSJPV.

La central ha explicado que el tribunal estableció una indemnización de 50.000 euros tras observar una «vulneración del derecho a la integridad física y moral de la plantilla, basándose en que efectivamente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no era competente para emitir esa orden y que la actividad de la empresa no era esencial».

«Ante esto, se nos vienen unas preguntas a la cabeza: ¿Por qué hicieron eso los gobiernos? ¿Por qué ampliaron los servicios y sectores que mencionaba el real decreto? ¿Cuando todas las medidas estaban basadas en las limitaciones, por qué enviar a trabajar a trabajadores y trabajadoras no esenciales? La respuesta es clara. El Departamento de Desarrollo Económico de Arantza Tapia y el Ministerio de Industria de Reyes Maroto dieron prioridad a los intereses de la patronal por encima de la salud de los y las trabajadoras, para garantizar que la patronal siguiera ganando dinero poniendo en riesgo a los y las trabajadoras», han manifestado el secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva Xabier Ugartemendia,  y Ainhize Muniozguren y Jesús Gutiérrez, miembros de la Secretaría Jurídica, que han comparecido ante los medios en Bilbo. 

Allí han denunciado que «esta forma de actuar del Gobierno Vasco y del Ministerio de Industria ha traído consigo algunas consecuencias», y han lanzado una batería de preguntas: «¿Cuántos trabajadores y trabajadoras se contagiaron? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Quién se responsabilizará de esto, Tapia y Maroto, Urkullu y Sánchez, que decidieron ampliar las actividades establecidas por el decreto?».

«Hemos señalado en numerosas ocasiones que todo el Gobierno Vasco, y más concretamente la señora Tapia, trabajan para Confebask. Y ahora ha quedado demostrado. No le ha importado poner en riesgo a trabajadores y trabajadoras, que se contagien o que estos y estas o alguno de sus familiares haya muerto. Lo más importante era garantizar los beneficios de la patronal. Nuevamente, el dinero por encima de los derechos e intereses de trabajadores y trabajadoras», han aseverado.

Próximas acciones

Y han anunciado que LAB pondrá a disposición de la Fiscalía la sentencia del TSJPV, para que analice si existe alguna responsabilidad en la forma de actuar del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno de Gasteiz y del Ministerio de Industria. Además, realizará un análisis en las empresas en la que tenga representación, para saber si entre las empresas que mantuvieron la actividad el real decreto les permitía hacerlo o no, «y si la respuesta es negativa», poder dar nuevos pasos legales.

«Las y los trabajadores no tenemos que pagar esta crisis. El Gobierno Vasco y el resto de instituciones deben estar al lado de los y las trabajadoras para garantizar la salud, la vida y el empleo digno», han concluido.