El pasado 17 de febrero Josu Urrutikoetxea intervino por videoconferencia desde París en el marco de una doble indagatoria cursada por el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz.

No respondió a las preguntas, pero leyó un escrito en el que, como dejara sentado en el juicio celebrado en París por la euroorden presentada en su contra en relación al atentado que costó la vida, en 1980 en Gasteiz, al directivo de Michelin, Jose Luis Hergueta, no tuvo nada que ver con un atentado atribuido «incluso en informes policiales», señaló, a ETA pm, una organización armada en la que nunca militó.

Además de sobre el «caso Hergueta», recurrido en casación por la defensa, y sobre el que la defensa dejó sentada la cuestión de la prescripción, Urrutikoetxea se pronunció en esa cita por videoconferencia sobre el «caso de Herriko Tabernak», base de otra orden de entrega, aceptada en firme por París, para segurar que no recordaba haber participado en las reuniones políticas citadas en la causa.

Ahora, otro magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado que Urrutikoetxea comparezca en videoconferencia el próximo miércoles, 17 de marzo, para notificarle el caso referido al ataque llevado a cabo por ETA en 1987 contra el cuartel de la Guardia Civil, en Zaragoza, que se saldó con once fallecidos.

Un sumario abierto en su tiempo de parlamentario

Ni antes de su primera entrega por las autoridades francesas, en 1996, ni durante su estancia en prisión en el Estado español se abrió causa a Urrutikoetxea en relación a ese atentado. Fue después de su excarcelación, a raíz de que Urrutikoetxea ejerciera como electo en el Parlamento de Gasteiz, cuando se activó ese sumario.

La nueva citación del tribunal especial español se produce poco después de que Urrutikoetxea haya designado como abogados en esta causa a Gonzalo Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, y al letrado donostiarra Jose Maria Elosua.

Boye ya ha venido actuando, de hecho, en apoyo de los abogados que defienden en París al militante vasco, tanto en las causas planteadas desde Madrid como en las relativas a las dos condenas en rebeldía que recibiera, en 2010 y 2017, el vecino de Ugao por parte de los tribunales franceses.

Sin perspectiva cercana de entrega

Cabe recordar que precisamente hasta que se diriman esas causas francesas, que ni siquiera han sido juzgadas, no sería posible en ningún caso la entrega de Urrutikoetxea.

Pese a ello, el representante de la Asociación Española de Guardias Civiles, Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular en relación al atentado de Zaragoza, no ha dudado en calificar, en declaraciones a la agencia Efe, de «histórica» la mera notificación mediante videoconferencia del sumario a Urrutikoetxea.

Tanto la defensa del militante vasco como las personalidades que han suscrito divrsos escritos en prensa y manifiestos de denuncia por su situación han hecho patente, por su parte, que las demandas de entrega sustentadas por la Audiencia Nacional obedecen a una «voluntad de venganza» .

Denuncian la «obsesión de presentar a Urrutikoetxea como un trofeo», a la vista de su larga trayectoria en ETA, y destacan el papel destacado que jugó en los procesos de negociación con el Estado español y también en el proceso que llevó primero al desarme de ETA, de la mano de la sociedad vasca, en 2017 en Baiona, y después a su desaparición definitiva, en 2018.

Urrutikoetxea, de 70 años de edad, se encuentra en libertad bajo control judicial desde el pasado mes de julio cuando fue excarcelado desde la parisina cárcel de La Santé con la obligación de residir en la capital francesa y portar un brazalete electrónico.