El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció a principios de esta semana que aumentará las reservas de cabezas nucleares hasta un máximo de 260, frente al tope de 180 que se había fijado para mediados de esta década para el programa nuclear Trident. 

Su propósito, según ha señalado el Ministerio británico de Defensa, es «disuadir las amenazas más extremas a nuestra seguridad nacional y forma de vida, lo que no se puede hacer por otros medios». El programa, operado por la Marina Real británica, tiene su base en Clyde, en la costa oeste de Escocia, desde hace más de medio siglo. Y este país ha mostrado de forma reiterada su oposición al programa nuclear, convirtiéndolo en punta de lanza en el enfrentamiento entre los ejecutivos de Londres y Edimburgo.

En esta ocasión no ha sido diferente y el Gobierno de Nicola Sturgeon ya ha señalado que el plan de Johnson es «totalmente inaceptable». Pero, a pesar de la oposición clara de los escoceses (en 2016 58 de los 59 diputados escoceses en Londres votaron en contra de Trident), el país alberga una de las concentraciones de armas nucleares más grandes del mundo. La Ley de Seguridad Nacional británica impide saber con exactitud cuántas cabezas nucleares hay en aguas escocesas.

En 2014, en la campaña previa al referéndum sobre la independencia de Escocia, el desmantelamiento de la base de Clyde estuvo en primera línea. El Libro Blanco de la independencia presentado por el SNP fijaba 2020 como fecha para el desalojo y el unionismo llegó a plantear una negociación, en caso de victoria independentista, para que la base militar siguiese en su sitio a cambio de que los escoceses mantuviesen la Libra como moneda.

El problema para el Gobierno británico es que, además del elevado gasto de un posible traslado –tal mudanza podría llegar a los 8.000 millones de libras (10.000 millones de euros)–, no contempla ningún otro lugar seguro en las islas para su almacenamiento.

Y es que la economía capitaliza el debate entre independentistas y unionistas. Las últimas encuestas dejan claro que el principal tema que preocupa a los escoceses es el futuro económico del país, con unas cifras que arrojan que el 70% de los ciudadanos apoyaría la independencia si fuese lo mejor para la economía del país. Por ello, tanto unos como otros se han lanzado a la carrera de presentar los beneficios o perjuicios que podría tener una posible independencia del norte de la isla.

Por ello choca, todavía más, el anuncio de Johnson en un momento de crisis económica y sanitaria provocada por el covid-19, presentando un programa que prevé un gasto de miles de millones.

El premier británico, de hecho, ha unido ambos temas al rechazar debatir sobre armas nucleares este miércoles en Westminster con un parlamentario del SNP. «Estoy muy orgulloso de que este Gobierno esté invirtiendo sumas récord en defensa, incluido el mantenimiento de nuestra defensa nuclear, que es absolutamente vital para nuestra seguridad a largo plazo y, por lo tanto, ayudando a generar empleos no solo en Escocia sino en todo el Reino Unido. No os sirve para pedir un nuevo referéndum», se ha limitado a señalar.