Jaime de Jesús Arango trabaja como sepulturero en Dabeiba, en el departamento de Antioquia, varían durante las diligencias que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en diciembre de 2019 inició allí varias excavaciones tras recibir declaraciones de miembros del Ejército que reconocieron haber participado en las ejecuciones extrajudiciales y desvelaron el lugar de las fosas.

En estas exhumaciones buscan jóvenes, sobre todo de zonas humildes, llevados por el Ejército bajo promesas de trabajo y ejecutados para ser presentados como guerrilleros a sus superiores, y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

Arango explica que él y once personas más, la mayoría vecinos de Dabeiba, se dedican a excavar en puntos señalados por los forenses de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en ese cementerio convertido en una enorme fosa común. Hasta el momento han sido recuperados 80 cuerpos.

Esa escuadra de trabajadores, vestidos de verde, con picos, palas y carretillas, recibe la señal y entra a remover o a tapar, en un trabajo en equipo integrado por tres expertas forenses -antropóloga, odontóloga y psicóloga-, un topógrafo, un fotógrafo, un fiscal y algunos magistrados.

«La gente pregunta, pero uno no puede decir nada; no sabemos nada de (la identidad de los) cuerpos porque eso no nos pertenece a nosotros. No sabemos cuántos cuerpos hay en cada fosa», comenta el sepulturero, mientras un dron merodea haciendo imágenes aéreas para registrar las fosas y crear un mapa 3D del cementerio.

Durante las primeras diligencias en Dabeiba, expertos de medicina legal tomaron 150 muestras de ADN e hicieron entrevistas para cotejar las informaciones con los cuerpos exhumados. Ese proceso de recolección del material genético fue clave para la identificación y entrega de cinco víctimas a sus familiares.

En una de las fosas encontradas sobresalen 18 pequeñas banderas verdes y anaranjadas. Unas señalan restos con un «contexto funerario normal», mientras que las otras marcan, según la evaluación de los forenses, lo que no corresponde a un enterramiento realizado por una familia.

Se repiten patrones

En la cuarta diligencia forense, realizada entre el 6 y el 13 de marzo, los forenses dieron con los restos de nueve personas, que se suman a los 80 cuerpos recuperados en este camposanto en Antioquia durante 15 meses de inspección, como parte del Caso 3 de la JEP.

En esta ocasión localizaron junto a los restos exhumados un pantalón de camuflaje. En otra fosa, el hallazgo incluyó una gorra militar juntos a los restos de un posible «falso positivo», que yacía sobre un entierro legal, en el que se ve un cuerpo en mejores condiciones y con ropa.

Durante su trabajo, la JEP encontró cuerpos en bolsas negras, desnudos, con heridas de arma de fuego en la cabeza, totalmente fragmentados. Unos aparecen con prendas militares y otros, amarrados de manos, pies y cuello, en estado de total indefensión.

«Se repiten los patrones», detalla el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, quien ordenó las exhumaciones en Las Mercedes cuando un militar reveló su participación en inhumaciones ilegales en Dabeiba.

La JEP, creada por el acuerdo de paz de 2016 con las FARC para investigar crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto armado, elevó en febrero a 6.402 el número de «falsos positivosç, concentrándose la mayoría de ejecuciones entre 2002 y 2008.

«Si hay un sitio emblemático del conflicto armado es Dabeiba», asegura Ramelli. Situada en los límites de la estratégica región agroindustrial de Urabá, allí operaron varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC que se disputaban el control de esos territorios con paramilitares y con el Ejército.

Pese a esas huellas de la guerra, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego, espera que no sean estigmatizados ni visibilizados únicamente por las fosas y la violencia. Quiere que sean recordados como un «pueblo pacífico que no busca venganzas», pero «quiere saber la verdad».