El Ministerio Público ha acusado este martes a Rodrigo Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre 4 y 6 años de cárcel por cada uno.

Los delitos enumerados por la Fiscalía son: uno de blanqueo de capitales, por el que reclama 6 años; otro de insolvencia punible, por el que pide 4 años; otro de corrupción en los negocios, con una solicitud de pena de otros 4 años; y un delito de falsedad documental, al que apareja otros 3 años.

A esta petición, ha sumado las correspondientes penas de multa y accesorias, así como la indemnización a la administración tributaria por las cantidades defraudadas. En total suman más de 80 años de prisión.

Patrimonio oculto desde 1999

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, se han identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros y las cuotas defraudadas ascenderían a casi 8,6 millones.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Gran Bretaña.

En libertad condicional

El pasado 12 de febrero, el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, concedió la libertad condicional a Rato, que estaba en prisión por el «caso de las tarjetas black».

El que fuera responsable económico del Gobierno de José María Aznar (PP) y posteriormente presidente de Caja Madrid y Bankia estaba en prisión desde octubre de 2018 por «apropiación indebida».

Rato también fue director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007.