Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2018 cuando tres zodiacs de Greenpeace, con 23 activistas a bordo, entraron en el puerto de Bilbo y unos se encaramaron al buque saudí Bahri Tabuk y otros se situaron a su alrededor enganchados a boyas.

Este barco se disponía a trasladar 200 toneladas de armas y explosivos fabricados en Euskal Herria y el del Estado español con destino a Arabia Saudí y a los países de su coalición que participan en la guerra de Yemen.

Greenpeace quería denunciar con esta acción «las miles víctimas civiles de los ataques lanzados por el régimen árabe» y por ello desplegaron una pancarta con el lema «Armas marca España para matar civiles».

Con la protesta, la ONG señaló directamente al Gobierno español «por autorizar envíos ilegales de material bélico cuando existen indicios de que estas armas podrían ser utilizadas para vulnerar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos».

Informe de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia civil apresaron a los 23 activistas de distintas nacionalidades y les identificaron en el cuartel que este cuerpo tiene en el mismo puerto.

Todos ellos fueron puestos en libertad pasadas una horas, pero a consecuencia del atestado policial la Fiscalía de Bizkaia acusa a cuatro de ellos, de origen alemán, de «atentado a la autoridad y daños cualificados», por lo que pide tres años y seis meses de cárcel para cada uno de ellos.

Además, el Ministerio Público solicita el decomiso definitivo de las lanchas y del material empleado en la acción de protesta, mientras que a Greenpeace, como responsable civil subsidiario, le exige cuatro mil euros «por los daños» que supuestamente sufrió la patrulla de la Guardia Civil en esta acción.

El juicio tendrá lugar el próximo 13 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo.

Greenpeace niega por completo tales acusaciones. «Todas las acciones que llevamos a cabo desde Greenpeace están en el marco de la no-violencia. Además, siempre prima la seguridad de los activistas, por lo que la 'confrontación' con las lanchas de la Guardia Civil es algo que está por completo fuera de nuestro ámbito», señaló la ONG en su momento.