![Mikel Noval junto a Mitxel Lakuntza. (@ELAsindikatua)](/media/asset_publics/resources/000/790/407/article_main_landscape/ela.jpg)
ELA ha reclamado una reforma fiscal en Hego Euskal Herria que establezca «unos recargos o impuestos específicos sobre la riqueza, en aras de contribuir a paliar las necesidades de la actual crisis sanitaria, económica y social».
En una rueda de prensa ofrecida en Bilbo, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el responsable del Gabinete de Estudios del sindicato, Mikel Noval, han instado a las instituciones vascas a establecer un tipo mínimo efectivo y «sin excepciones» en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas paguen, al menos, el 25% de los beneficios obtenidos.
Y han abogado por aplicar un recargo de entre el 1 y el 10% al Impuesto sobre el Patrimonio y las Grandes Fortunas, lo que, según los cálculos realizados por el sindicato, permitiría recaudar 2.000 millones de euros en la CAV y 500 millones en Nafarroa en un año.
«Se trata de que la gente y las empresas con más dinero aporten una pequeña parte de su capital para paliar los efectos del covid-19 y poder sostener los servicios públicos, las prestaciones sociales... Es una cuestión de justicia», ha aseverado Noval, quien ha advertido de que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha propuesto que los gobiernos apliquen un impuesto de solidaridad específico a las rentas altas.
Sin respuesta institucional
«Es una lástima que no hayamos oído hablar de ese tipo de medidas en Euskal Herria», ha lamentado Lakuntza, quien ha denunciado que ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, ni los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han mostrado dispuestos a reunirse con el sindicato.
«Nos parece una falta de talante democrático que las principales autoridades del país se nieguen siquiera a reunirse con el principal sindicato para hablar de la política fiscal», ha señalado, y ha censurado que «en Euskal Herria no existe un espacio real para abordar los temas importantes».
En este sentido, ha aseverado que «nuestros gobiernos e instituciones responden a los intereses de la patronal y las empresas. Muestra de ello es la fiscalidad que aún tenemos en Nafarroa, la misma que dejó Barcina en 2015».
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