EH Bildu espera que el PNV y el PSE «se abran a trabajar para la mejora» de la Ley Antipandemia, impulsada por ambas formaciones que conforman el Gobierno de Lakua, mediante «un diálogo real». La formación soberanista ha criticado esta norma al considerarla «exclusivamente punitiva».

La Ley Antipandemia, con la que las formaciones socias del Ejecutivo pretenden dar «seguridad jurídica» a las medidas que adopte el Gobierno de Iñigo Urkullu para evitar la propagación de pandemia, comenzará este jueves su tramitación parlamentaria por vía de urgencia y se espera que pueda aprobarse para el mes de junio.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este miércoles, a través de Twitter, que ya aseguró que su grupo haría aportaciones a la norma que le parece «exclusivamente punitiva». «Espero que el PNV y el PSE se abran a trabajar para la mejora de la Ley. Veremos si la disposición del PNV y el PSE para el diálogo es real», ha manifestado.

Iriarte también se ha referido a las declaraciones realizadas por la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que ha censurado que EH Bildu critique la Ley Antipandemia vasca y esté dispuesta en el Congreso a «trabajar con el PP» en una legislación alternativa.

En este sentido, ha replicado que su formación «cumple con su palabra» y el PNV «debería entender que ellos no lo hacen». «Dijimos que jamás pactaríamos con la derecha española y nos reafirmamos en ello. No mientan, no difamen, no manipulen nuestras palabras», ha emplazado.

El PP, también en contra

Por su parte, PP+Cs ha anunciado que votará en contra porque considera que se trata de una norma «inútil, confusa y obsoleta» ya que está «mal planteada parlamentariamenteç, no tiene los informes jurídicos «necesarios», quiere ser una ley «defensiva» de las sentencias de los tribunales, y la coalición cree que «debe ser el Congreso de los Diputados el lugar donde se regule con garantías constitucionales, la actuación en caso de pandemia».

La coalición de derechas ha defendido que es necesario «actuar de otra manera en cuestiones que afectan a los derechos y las libertades» y a la «restricción de los mismos por parte de los ciudadanos».