Tras el arresto este pasado miércoles en el Estado francés de siete supuestos exmiembros de las Brigadas Rojas, otras dos personas se han presentado este jueves ante los jueces.

Todas ellas han quedado en libertad con medidas de vigilancia, como prohibición de salir del territorio, entrega de documentación y comparecencias regulares. Los nueve se encontraban refugiados en el Estado francés desde los años 80.

Este jueves se han presentado ante los jueces Raffaele Silvio Ventura y Luigi Bergamin, uno de los ideólogos del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC). Una décima persona aún se encontraría reclamada por las autoridades.

Sin embargo, según el Ministerio de Interior, formaban parte del grupo que seguían buscando las autoridades francesas.

El Gobierno francés apuntó el miércoles que las autoridades italianas han emitido solicitudes de arresto para unas 200 personas y declaró que la operación deriva de «un importante trabajo bilateral previo, de varios meses», en una nota en la que enfatizó que «Francia, como país víctima de terrorismo, comprende la absoluta necesidad de justicia de las víctimas» de los ataques atribuidos a las Brigadas Rojas.

Acuerdo de asilo

El Ejecutivo de Macron estaría vulnerando de esta forma el acuerdo de asilo que el Gobierno francés asumió hace décadas para colaborar en la solución del problema político italiano.

Los reclamados por Italia habían rehecho su vida en el Estado francés después de cuatro décadas.

Los diez nombres, de la lista de 200, a los que París dio seguimiento se ajustan a la llamada «doctrina Mitterrand», instaurada en los años 80 por el entonces presidente, François Mitterrand, y que establecía que los antiguos activistas italianos podían vivir en este país si renunciaban a acciones violentas y no tenían en sus antecedentes delitos de sangre.

Como los nueve han rechazado su extradición, el proceso podría demorarse más de dos años debido a las distintas posibilidades de recurso ante el Tribunal Supremo o el Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa francesa.

Los medios de comunicación franceses han apuntado que el presidente francés, Emmanuel Macron, había decidido desactivar una vieja disputa con Roma sobre la extradición de exmiembros fugitivos de las Brigadas Rojas mientras que los medios italianos han indicado que probablemente se necesitarán muchos meses o incluso años para completar los procedimientos de extradición.

«Traición» y «vulneración de la palabra» del Estado francés

La ministra de Justicia de Italia, Marta Cartabia, ha declarado que «cada caso será examinado legalmente para determinar si se cumplen las condiciones para las extradiciones solicitadas por Roma», según ha recogido el diario ‘La Repubblica’.

Para la Liga de Derechos Humanos francesa, «atacar a mujeres y hombres que han vivido en nuestro país durante más de 40 años por hechos aún más antiguos, juzgados en Italia en condiciones dictadas por las contingencias de la época, no se trata de no hacer un acto de justicia, es reavivar las heridas que el tiempo había comenzado a curar».

Los abogados de los detenidos han criticado una «traición indecible de Francia» y «una negación de la palabra de Estado», afirmando que sus clientes se acogieron al compromiso asumido en 1985 por el presidente François Mitterrand.