La Comisión de Etica Pública del Gobierno de Lakua ha concluido que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, actuó con «ejemplaridad, contundencia y celeridad» en la respuesta a los casos de vacunaciones irregulares contra la covid-19 que se produjeron a principios de año en dos hospitales de Bilbo. Los partidos de la oposición han restado valor a este informe, destacando que no es independiente, ya que ha sido elaborado por miembros del propio Gobierno.

Esta comisión ha emitido un informe en el que establece que Sagardui, criticada por la oposición por la gestión de este caso, «no ha contravenido los preceptos relativos a los valores, principios y comportamientos» recogidos en el Código Etico y de Conducta al que se ven sometidos los cargos de la Administración autonómica.

En el informe se subraya que la escasez de vacunas disponibles en el momento en el que, en el mes de enero, se descubrieron estas vacunaciones irregulares en los hospitales de Basurto y Santa Marina, así como el limitado número de dosis que siguen existiendo en la actualidad, han generado «cierto nerviosismo e inquietud social» en torno a la vacunación.

En este sentido, la comisión señala que «hechos puntuales» como los registrados en ambos hospitales –cuyos directores tuvieron que abandonar el cargo a raíz de lo ocurrido– «acrecentaron esa inquietud social y crisparon a la población, perjudicando el prestigio y el buen hacer de la sanidad pública».

La Comisión de Etica Pública destaca que, en este contexto, «cobra especial relevancia la ejemplaridad, contundencia y celeridad» con la que actuó Sagardui, al «exigir responsabilidades» a los entonces directores de los hospitales en los que varios cargos sanitarios –incluidos los propios exdirectores de Basurto y Santa Marina– se saltaron el protocolo para recibir la vacuna antes de lo que les correspondía.

EH Bildu: «Gobierno, juez y parte»

La parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha restado valor a este dictamen tras destacar que «este tipo de comisiones, para ser creíbles, tienen que ser independientes, y en este caso está compuesta por una consejera, un viceconsejero y altos cargos del Gobierno». De este modo, subraya que «el Gobierno es juez y parte».

«Es muy grave que la Comisión de Ética felicite incluso a Sagardui cuando las conversaciones de Whatsapp con el exdirector de Santa Marina que se hicieron públicas tras la polémica permitieron acreditar que la consejera no dijo la verdad en el Parlamento», ha añadido Iriarte.

«En consecuencia, un dictamen del Gobierno sobre la actuación del propio Gobierno es absolutamente intrascendente. Esa comisión forma parte del márketing del Gobierno y no es ejemplo del estilo de gobernanza que debe imperar», ha concluido la parlamentaria de EH Bildu.

En la misma línea, Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha dicho que no está sorprendida porque se trata de un comisión «de parte» formada por miembros del Ejecutivo.

«Nadie pensaba en una decisión objetiva y neutral, por eso era importante una comisión de investigación en el Parlamento que fuera parcial, objetiva y neutral», ha considerado.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido también ha comentado que respetan el informe, pero que no comparten sus conclusiones porque solo conocen la versión de Sagardui sobre lo sucedido ya que «se vetó» escuchar a todas las partes en el Parlamento.