EH Bildu ha presentado en el Parlamento de Gasteiz una proposición de ley para la creación de la oficina de buenas prácticas y contra la corrupción, cuyo objetivo sería «la detección, prevención, investigación y erradicación de la corrupción y prácticas fraudulentas de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de las sociedades y entidades».

PNV y PSE, junto a Vox, han votado en contra. Elkarrekin Podemos-IU la ha apoyado. El PP-Cs se ha abstenido. Lo llamativo de esta votación es que cuando esta misma proposición de ley se llevó a la Cámara en 2018, el Gobierno de ambos partidos emitió un informe favorable y sus parlamentarios lo apoyaron. En esta ocasión, el informe del Ejecutivo ha sido negativo y el voto de PNV y PSE, un no.

Desde el Gobierno se aduce que «en la actualidad ya existe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi un dispositivo jurídico e institucional vigente y activo para promover la integridad, impulsar la transparencia y prevenir y combatir la corrupción en las administraciones públicas vascas». Pero, desde los proponentes se ha explicado que ese entramado es el mismo que ya existía en 2018 y que no fue capaz de detectar el caso De Miguel, el caso Balenciaga, el caso Guggenheim, el caso de los Purines de Bizkaia, el cártel de los comedores escolares o el de las consultoras.

Además, en la CAV tampoco hay una policía judicial de delitos económicos ni una fiscalía anticorrupción con un equipo especializado. Ni un sistema de protección de las personas que denuncian casos de corrupción, como se exige desde la Unión Europea.

Por ello, desde EH Bildu se defiende la necesidad de un organismo independiente «para impulsar y favorecer una cultura de buenas prácticas, de valores cívicos y buen gobierno en la ciudadanía, y para rechazar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas o actuaciones administrativas».

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi ha apoyado la toma en consideración de esta proposición de ley, con argumentos similares a los proponentes.

Sin opción de réplica y debate

Ha sido llamativo que PNV y PSE han evitado el debate con los proponentes y, por ello, no han intervenido en el turno de palabra en contra de la admisión a trámite, sino en el de explicación de voto, en el que ya no han podido ser respondidos ni por EH Bildu ni por Elkarrekin Podemos-IU.

De esta forma, Ekain Rico, del PSE, ha señalado que su grupo cree que la propuesta forma parte de una estrategia de EH Bildu y extiende una sombra de sospecha sobre el entramado institucional y sus órganos de control. Ha afirmado que en 2018, cuando votaron a favor de la admisión a trámite, ya expresaron sus dudas y confiaron más en la Ley de Transparencia, que entonces estaba en tramitación y ahora ni siquiera ha llegado al Parlamento.

El jeltzale Jon Andoni Atutxa ha manifestado que han votado en contra de la toma en consideración siguiendo el criterio mantenido por el Gobierno. Ha apuntado que puede estar de acuerdo en algunas de las reflexiones de la proposición, pero ha asegurado que el modelo propuesto por EH Bildu es «más represivo que preventivo» cuando el modelo que propone el PNV es el inverso. Ha asegurado que en 2018 ya tenían reparos sobre el mismo.

Pero como han recordado también desde el grupo PP-Cs, PNV y PSE entonces votaron a favor, y ahora, cuando se han conocido aún más casos, vota en contra.