NAIZ
Bilbo

Foro Social y Behatokia abogan por un acuerdo previo entre todas las partes en el sumario 13/13

Si «la moviola de la historia» vuelve a activarse en la Audiencia Nacional española el 12 de julio, otros ocho ciudadanos vascos serán juzgados en un macrojuicio político. Para superar esta situación, el Foro Social ha remarcado la voluntad de los procesados de buscar un acuerdo en clave resolutiva.

Imagen de la reunión mantenida este martes por los procesados con Behatokia y Foro Social.
Imagen de la reunión mantenida este martes por los procesados con Behatokia y Foro Social.

En nombre del Foro Social Permanente y de Behatokia, Agus Hernan y Teresa Toda, respectivamente, se han reunido este martes con Julen Zelarain, Naia Zuriarrain y Arantza Zulueta, en representación de las ocho personas acusadas en el sumario 13/13.

La vista oral de este macrojuicio político ha sido fijada por la Audiencia Nacional española para el 12 de julio. Las peticiones fiscales van desde 7 años de cárcel hasta 19 años.

Tras el encuentro, que se ha llevado a cabo en la sede de Steilas en Bilbo, Toda ha transmitido a los medios de comunicación que «es necesario trabajar en la búsqueda de un acuerdo previo entre todas las partes personadas» en este sumario.

Un proceso judicial que, como ha remarcado la representante del observatorio de la política aplicada a las personas presas por delitos de motivación política, fue abierto en 2011, «precisamente el mismo año donde se produjo la Conferencia Internacional de Aiete. Diez años en los que las personas acusadas y sus familias han vivido permanentemente con la angustia de esta situación».

«La moviola de la historia»

Por eso, ha señalado, las acusaciones que sustentan este juicio y las peticiones de condena  vuelven a activar «la moviola de la historia». «Desde el Foro Social Permanente expresamos nuestra preocupación por el impacto negativo que tendría la celebración de este juicio en el actual frágil proceso de construcción de la convivencia democrática», ha añadido.

Ha recordado que varios de los acusados denunciaron torturas y así están reconocidos en el Informe del Gobierno de Lakua realizado por el IVAC; y que se produjo una ilegal intervención de comunicaciones por parte del CNI, así como la criminalización del trabajo de los y las abogadas… Elementos que les llevan a concluir que la instrucción del caso «está en entredicho».

En opinión de quienes han compartido hoy la reunión, «la sociedad vasca no se puede permitir un nuevo juicio con petición de penas desproporcionada y ajena al contexto de esperanza que se vive en nuestro país». Menos aún, «en un momento en que se dan pasos determinantes en la resolución de la cuestión de las personas presas».

«Acuerdos resolutivos»

En contraposición, desde el Foro Social se apuesta por avanzar en este proceso de construcción de la convivencia democrática, indicado que «es tiempo de dar una solución a las tres cuestiones pendientes: verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, sin discriminaciones; resolución de la cuestión de las personas presas, huidas y deportadas; y memoria crítica inclusiva que sin olvidar nada de lo ocurrido mire al futuro».

Y, como ha expresado Teresa Toda, en este caso concreto «es preciso trabajar, desde la generosidad, en la búsqueda de un acuerdo previo entre todas las partes personadas», ya que este juicio «no puede ser ajeno» a un contexto que tiene que estar marcado por «los acuerdos resolutivos».

«Esta mañana hemos constatado la voluntad de los ocho acusados de buscar este acuerdo. Esperamos que las acusaciones avancen en el mismo sentido», ha comentado. Y ha dado por hecho que «la sociedad vasca, sus instituciones, partidos políticos y sindicatos apoyarían un acuerdo previo como solución razonable».