El grupo textil gallego Inditex ha rechazado «firmemente» este jueves las acusaciones presentadas en su contra en el Estado francés, por las que la Fiscalía Antiterrorista ha abierto una investigación preliminar, alegando que «carecen completamente de base».

Esa investigación se abrió tras la denuncia de varias ONG contra empresas textiles internacionales por supuestamente beneficiarse del trabajo forzado de la minoría uigur en China.

«La compañía dispone de rigurosos controles de trazabilidad que han permitido confirmar que tales acusaciones son infundadas», ha asegurado Inditex en una declaración remitida a la agencia Efe. Ha añadido que tiene «tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso» y que aplica políticas y procedimientos «para asegurar que esta práctica no existe en nuestra cadena de suministro».

La multinacional ha indicado que colaborará con las autoridades francesas para demostrar su inocencia.

«Crímenes contra la humanidad»

Esta declaración de Inditex ha llegado después de que este jueves se divulgara la apertura de ese procedimiento. «Se ha abierto una investigación tras la presentación de una querella por beneficiarse de crímenes contra la humanidad», ha precisado una fuente judicial francesa.

Un grupo de ONG presentó en abril pasado una denuncia ante la Justicia gala contra Inditex, Uniqlo, Sketchers y SMCP, entre otras grandes firmas, a las que acusan de beneficiarse del trabajo forzado al que según grupos de derechos humanos es sometida la población musulmana de etnia túrquica en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang.

Esa zona produce aproximadamente el 20% del algodón mundial y, según los denunciantes, las labores en el cultivo y recolección se realizan en parte gracias al trabajo forzado al que son sometidos los uigures por parte de las autoridades chinas.

La apertura de la investigación «es una gran satisfacción, teníamos mucha esperanza de que se abriera», ha señalado Nayla Ajaltouni, portavoz de Étique sur l'étiquette (Ética en la etiqueta), uno de los colectivos demandantes.

«Para nosotros, es una primera etapa para que se cuestione por fin la responsabilidad de esas firmas y su rol como beneficiarias impunes de una situación de crímenes contra la humanidad», ha comentado.

Ajaltouni ha recordado que las instituciones de la UE están negociando una directiva sobre el deber de vigilancia y la responsabilidad jurídica de las compañías transnacionales. «Le corresponde también a la Justicia poner fin a esta impunidad que dura ya demasiado tiempo», ha recalcado.