El Sindicato de Inquilinas de Bilbo ha informado de que el 15 de julio se celebrará la vista judicial de la demanda de desahucio que ha interpuesto el Obispado. La institución eclesiástica pide que el pensionista Carlos Aguiriano –con el que NAIZ jabló hace unas semanas– se marche de la vivienda en la que ha residido toda la vida.

«Tras haber fracasado todo intento de negociación con el Obispado, está al borde de ser expulsado de su vivienda», denuncia el sindicato. La institución eclesiástica ofrece un alquiler a precio de mercado con un contrato de un año, que Carlos ceda su tutela a la fundación Eguzkilore y que comparta el piso.

Maizterrak Bilbo añade que eso es ilegal, ya que el contrato tiene que ser como mínimo de siete años y que el Obispado «prefiere tomar vías judiciales a ofrecer un alquiler social».

Además, el sindicato argumenta que el desahucio que pretenden ejecutar incumple el convenio del 2019 entre la Iglesia y Lakua. El convenio dicta que si el Obispado de Bilbo tiene viviendas vacías o deshabitadas, tendrá que colaborar estrechamente con el Ejecutivo de Urkullu para facilitar el acceso a la vivienda a personas y familias en riesgo de exclusión social.

El sindicato acusa al Obispado de haber vulnerado dicho acuerdo. «Las catorce viviendas del Obispado, que ya llevaban vacías más de una década, lo siguieron estando, incumpliendo la función social de la vivienda».

Maizterrak Bilbo añade que de las 15 viviendas que tenía el Obispado «el Gobierno Vasco decidió adquirir catorce viviendas, con el consiguiente trasvase de fondos públicos a manos privadas». Por lo tanto, Lakua se hizo con todas las viviendas salvo una, en la que reside Carlos Aguiriano.

Así, según ha explicado el sindicato a NAIZ, al no haber comprado el piso donde reside este hombre Lakua no tiene que negociar, y le ha «dejado el marrón» al Obispado. 

Sanciones al Obispado

Según ha considerado el sindicato, el Ayuntamiento de Bilbo, o el Ejecutivo de Urkullu de manera subsidiaria, deberían de haber procedido a sancionar al Obispado a través de las medidas recogidas en la ley de vivienda del 2015, tales como imponer un canon por metro cuadrado, obligar a realizar un alquiler forzoso o expropiar el uso de estas viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda.