En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Bedminster (Nueva Jersey), Trump ha manifestado que buscará probar la ilegalidad del veto a sus cuentas, pero también defender la Primera Enmienda de la Constitución y que las Big Tech –las más grandes empresas tecnológicas, Amazon, Apple, Google, Facebook y Microsoft– dejen de «silenciar», «poner en una lista negra» y «cancelar» a los estadounidenses.

Las cuentas de Trump en las redes sociales Facebook y Twitter permanecen suspendidas tras el asalto violento de sus seguidores al Congreso de EEUU el 6 de enero, algo que ha calificado desde entonces de «censura» y «abuso».

El exmandatario ha anunciado que iniciará en el estado de Florida la demanda, apoyada por el ‘America First Policy Institute’, que agrupa a políticos de su línea ideológica y a exmiembros de su gabinete, y ha añadido que en su equipo legal contará con abogados que han defendido a empresas tabaqueras.

«El caso probará que esto es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense», ha declarado Trump, que buscará «restitución» y compensación por «daños punitivos» por parte de los gigantes de las redes sociales, a los que ha tachado de «agentes del Gobierno» de EEUU.

«Vamos a hacer rendir cuentas a las Big Tech y será la primera de numerosas demandas. Vamos a ser líderes y cambiar el país. Será una batalla crucial en defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que obtendremos la victoria para EEUU, para la libertad y la libertad de expresión», ha destacado.

Acompañado de seguidores y agraviados

El magnate ha invitado a unirse a la demanda a personas contrarias a su ideología, incluidos demócratas, bajo el argumento de que las grandes tecnológicas se han aliado con el Gobierno para «decidir qué es desinformación», y que dentro de unos años podrían ser ellos las víctimas.

En su intervención, se ha rodeado de varias personas agraviadas por suspensiones de sus cuentas y de figuras como Pam Bondi, exfiscal del Distrito Sur de Florida, que forma parte del equipo litigador.

Bondi ha defendido que las redes sociales no deberían estar protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, creada para proteger a los niños de la explotación online, y que permite a las compañías tecnológicas moderar los contenidos en sus plataformas y, a la vez, las blinda ante consecuencias por el material publicado por usuarios.