Khalida Jarrar cumple una condena de dos años por pertenencia al FPLP, que Israel considera «grupo terrorista», y debe ser liberada en 4 meses.

Sin embargo, no podrá obtener ningún permiso especial para salir de la cárcel y asistir al entierro de su hija, una joven de 30 años que ayer fue encontrada muerta en su domicilio tras sufrir un paro cardíaco.

Adameer, grupo defensor de los derechos de presos palestinos, y diputados de la Lista Unida –arabo-palestina, con representación en el Parlamento israelí– habían pedido la liberación temporal de Jarrar al Servicio de Prisiones de Israel (IPS), pero este último «rechazó» las peticiones.

«La presa está clasificada como prisionera de seguridad. Como tal, su petición no cumple los requisitos previos para su consideración», ha argumentado un cargo del IPS en una carta al ministro de Seguridad Pública israelí, Omer Bar-Lev, según recoge el diario local ‘Haaretz’.

Según el mismo medio, tras el rechazo israelí, la familia de Jarrar ha decidido realizar el funeral sin ella este mismo martes.

Este lunes, tras conocerse la muerte de su hija, muchos palestinos reclamaron también la liberación de Jarrar por redes sociales. Un grupo de personas se acercó hasta las puertas de la prisión de Ofer para manifestar su apoyo a Jarrar. 

Un arresto tras otro desde 2015

Khalida Jarrar, una figura política muy conocida, fue detenida por Israel en octubre de 2019, y en marzo de este año fue condenada a dos años de cárcel por un tribunal militar israelí por su labor política en el FPLP.

Previamente, fue condenada en diciembre de 2015 a 15 meses de cárcel tras ser condenada por «incitación y pertenencia» al FPLP. Fue liberada en junio de 2016, aunque fue detenida de nuevo un año después por sus actividades políticas.

Posteriormente, la diputada palestina recuperó la libertad en febrero de 2019 –solo unos meses antes de su última detención–, tras 20 meses en «detención administrativa», una figura que permite a las autoridades israelíes mantener bajo custodia a personas sin presentar cargos contra ellas alegando motivos de seguridad.

La diputada, presidenta de la Comisión de Presos del Parlamento palestino y vicepresidenta de Addameer, participaba desde febrero de 2017 en la comisión que preparaba la denuncia contra la ocupación israelí en el Tribunal Penal Internacional (TPI).